Hernán Lew Adjunto de la Dirección de Estrategia Digital y Datos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y Coordinador de la red Únicas en SJD
Este nuevo número de la revista NewsRare se adentra en el potencial de las plataformas de datos federados para transformar la atención y la investigación en enfermedades raras, siguiendo el camino que marcan iniciativas como la Red Únicas, que buscan compartir información entre profesionales y acercar el conocimiento allí donde estén los pacientes y sus familias. En este contexto, los datos en salud se convierten en una palanca esencial para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y, sobre todo, la equidad entendida como el derecho de todas las personas con sospecha o diagnóstico de enfermedad rara a las mismas oportunidades de alcanzar el mayor nivel posible de bienestar. Al mismo tiempo, el dato es el punto de encuentro donde convergen profesionales, investigadores, pacientes y familias, ayudando a superar la fragmentación de la información y de los circuitos asistenciales que hoy limita ese acceso, sin olvidar que es un espacio lleno de retos humanos, tecnológicos, organizativos, éticos y legales que condicionan su verdadero aprovechamiento.
Vivimos una explosión de datos en salud que ya no se limita a la historia clínica, sino que se entrelaza con la vida diaria, la tecnología y el contexto social, ampliando radicalmente qué entendemos por “información sanitaria”. Hoy convivimos con historias clínicas electrónicas, datos ómicos, biobancos, registros de enfermedades raras, información medioambiental y socioeconómica, además de flujos continuos procedentes de diferentes dispositivos o wearables, aplicaciones móviles o redes sociales. Ante este bosque denso de información, resulta imprescindible pensar desde el origen en su “consumo”: quién necesitará cada dato, con qué propósito asistencial o investigador y en qué momento del proceso de atención o de estudio, para que la abundancia se traduzca en verdadero valor.
En paralelo, las capacidades tecnológicas han dado un salto que hace apenas unos años resultaba impensable en el campo de las enfermedades raras: hoy es posible generar, almacenar, depurar, analizar y explotar grandes volúmenes de datos clínicos y de investigación con niveles crecientes de interoperabilidad y seguridad. Sobre esta base se están desplegando ecosistemas de datos y arquitecturas federadas que permiten compartir algoritmos y conocimiento sin mover los datos sensibles, como ocurre en proyectos europeos de aprendizaje federado y en iniciativas como la Red Únicas. Pero estas infraestructuras solo tendrán sentido si se diseñan desde las necesidades reales de pacientes y profesionales, orientando la inversión hacia los usos que más impacto tengan en su vida cotidiana.
Bajo la superficie de cualquier proyecto de medicina personalizada o de inteligencia artificial en enfermedades raras late un trabajo silencioso y exigente: asegurar que los datos sean veraces, consistentes y completos, porque solo a partir de datos de calidad pueden tomarse decisiones clínicas rigurosas y generar conocimiento fiable que realmente mejore la vida de los pacientes. Para lograrlo, resulta imprescindible hablar un mismo idioma disponiendo de catálogos únicos y actualizados de diagnósticos, procedimientos u otras entidades clínicas o sociales relevantes; mapeando terminologías distintas y aplicando guías de interoperabilidad consensuadas, que permitan que la orquesta suene verdaderamente afinada. Esta labor no es puntual, sino un proceso continuo desde el momento en que se registra la información hasta su uso asistencial o de investigación, sobre el que se apoyan los modelos analíticos y generativos en enfermedades raras.
Pero no basta con incorporar nuevas tecnologías: cada herramienta supone un esfuerzo de aprendizaje, ajustes organizativos y una dimensión humana profunda en la manera de trabajar y coordinarse en torno al dato. Estamos pasando de un modelo reactivo, que analiza lo ocurrido a posteriori, a un enfoque más proactivo y predictivo que permite anticipar necesidades. Esta misma base de datos enriquecida permitirá afinar cómo usamos los recursos y desplegar nuevos modelos de atención, aprovechando la información acumulada en la práctica real para medir con mayor precisión el impacto presupuestario y capturar mejor el valor social y la equidad de las intervenciones.
A medida que crecen los espacios de datos y las arquitecturas federadas, también se refuerza la necesidad de una mirada ético-legal sólida que acompañe este avance. Los nuevos reglamentos europeos sobre datos de salud (Espacio Europeo de Datos Sanitarios) y sobre Inteligencia Artificial (AI Act) buscan precisamente equilibrar innovación, seguridad y protección de la privacidad, algo especialmente sensible en el caso de las enfermedades raras. La gobernanza del dato se vuelve entonces pieza central: definir quién accede, para qué usos y bajo qué condiciones, evitando una burocracia paralizante, pero garantizando transparencia, trazabilidad y mecanismos de consentimiento dinámico donde pacientes y familias puedan decidir, revisar y revocar el uso de sus datos sobre plataformas robustas y seguras que sostengan la confianza colectiva.
En definitiva, a pesar de los retos técnicos, organizativos y éticos que siguen presentes, este es un momento para el optimismo: Big Data, la inteligencia artificial y los nuevos espacios de datos ofrecen una oportunidad real para mejorar los procesos diagnósticos, los tratamientos y la atención integral de las personas con enfermedades raras. Para aprovecharla, resulta imprescindible una visión conjunta y coordinada entre administraciones, profesionales, academia, industria, asociaciones, cuidadores y pacientes, situando siempre al paciente en el centro. Solo así se podrán traducir estos avances tecnológicos en sistemas más justos, equitativos y humanos, donde los datos se conviertan en mejores decisiones y en una vida más digna y plena para quienes conviven con una enfermedad rara.
En el ámbito de la salud pública, cuando hablamos de determinantes sociales, habitualmente recurrimos a marcos teóricos que nos permiten entender cómo las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre la vida cotidiana de las personas y en su estado de salud, y cómo funcionan las desigualdades en salud en la experiencia personal de los procesos de enfermedad. Para aterrizar estos marcos, además, se suelen utilizar como ejemplo las enfermedades con una alta prevalencia, como pueden ser las cardiovasculares, las respiratorias o los diferentes tipos de cáncer, para contextualizar cómo los determinantes influyen en los procesos de enfermedad.
En el caso de las enfermedades raras, estamos ante un ejemplo claro de cómo desde lo concreto y la experiencia personal de las personas afectadas, sus familias y cuidadores, podemos trazar un marco para entender el papel que juegan los determinantes sociales de manera más específica. Aunque las enfermedades raras tengan una prevalencia menor en términos poblacionales, su abordaje puede beneficiarse de un enfoque de salud pública que permita enfocar las enfermedades raras y su atención de una manera integral.
En España, alrededor de tres millones de personas padecen una enfermedad rara. Este término engloba un conjunto de entidades que, aunque presentan diferencias entre sí, comparten una serie de características: se trata de procesos crónicos, con un alto impacto funcional y una necesidad de cuidados sociosanitarios por la carga social, económica, laboral y sanitaria asociada.
Las necesidades derivadas de padecer una enfermedad rara tienen un impacto diferencial en función de lascondiciones de vida de las personas que padecen estas enfermedades, pudiendo generarse desigualdades en los resultados en salud. Por ejemplo, en función de la clase social, la renta de las familias o el tipo de trabajo, la red de cuidados necesarios y la disponibilidad de tiempo para acompañar a las personas que padecen estas enfermedades puede suponer un mayor esfuerzo en determinadas familias.
Un abordaje adecuado de estas enfermedades requiere disponer de las herramientas diagnósticas que permitan una adecuada identificación de la patología. Para ello estamos en el camino de que el cribado neonatal a nivel estatal cubra hasta 23 enfermedades congénitas, mejorando la cohesión de nuestro Sistema Nacional de Salud. Además, en los últimos cinco años se ha aumentado en un 18% el porcentaje de medicamentos huérfanos con financiación pública. La innovación y desarrollo en el ámbito de los medicamentos huérfanos requiere de una mirada integral a todo el proceso y que permita una interlocución fluida con todos los actores implicados. Este es uno de los objetivos principales de la Estrategia de la Industria Farmacéutica que contempla el ámbito de las enfermedades raras como una de sus prioridades en el cual hay que impulsar medidas para poder mejorar la innovación y el desarrollo de medicamentos y terapias avanzadas, siempre con una perspectiva de garantizar el acceso a toda persona que lo necesite.
Debemos impulsar también la innovación en el ámbito de la atención sanitaria. Un ejemplo de esto es el proyecto ÚNICAS, impulsado por el Ministerio de Sanidad, cuyo objetivo es utilizar las ventajas de la digitalización para crear una red de centros sanitarios que permita el acceso a una atención especializada en el sistema sanitario, con independencia de la situación geográfica, además de fomentar el uso de datos con fines de investigación, que permitan mejorar la atención
sanitaria y promover la innovación.
Sin embargo, cuando hablamos de enfermedades raras y determinantes sociales, necesitamos abordar también los cuidados sociosanitarios. Las personas con enfermedades raras requieren una atención sociosanitaria que vaya más allá del propio sistema sanitario, que englobe también a los servicios sociales, que se prolongue a lo largo de su vida y que esté afianzada en la comunidad en la que viven. Desde el refuerzo del abordaje sociosanitario a nivel comunitario es desde donde se puede mitigar el impacto de los determinantes sociales en las personas con enfermedades raras y mejorar la calidad de vida de las familias y cuidadores.
Por último, necesitamos ampliar el foco desde lo sanitario e implementar políticas encaminadas a construir sociedades más sanas. Esto se denomina habitualmente como «salud en todas las políticas», es decir, tener en cuenta el impacto en la salud y en las desigualdades en salud a la hora de diseñar cualquier política pública. Reducir la desigualdad es clave para vivir en sociedades más sanas, también para las personas con enfermedades raras. Necesitamos impulsar políticas que faciliten la conciliación, que aumenten el tiempo libre de las personas y que sitúen los cuidados en el centro, mejorando las condiciones laborales de quienes se dedican al sector de los cuidados y de la sociedad en su conjunto.
Analizar las enfermedades raras desde este prisma nos permite hablar desde innovación terapéutica hasta la conciliación pasando por la reorganización de los cuidados. Porque creemos que solo desde una mirada multisectorial que tenga en cuenta las condiciones de vida de las personas con enfermedades raras podremos implementar medidas que mejoren su calidad devida, la de sus familias y la de las personas que las cuidan. Una sociedad que prioriza los cuidados de las personas más vulnerables es una sociedad más justa, más democrática y, por tanto, más saludable para todos sus miembros.
Terapias avanzadas y bioética: estar a la altura de la humanidad que nos define
M.ª Carmen Massé García
Directora del Máster Universitario en Bioética de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid
La ciencia biomédica vive el mejor momento de la historia. Cada vez diagnosticamos más y mejor, con más y mejores tratamientos, más personalizados: terapias celulares, génicas, ingeniería de tejidos, edición genética, inmunoterapias y un largo etcétera. Al mismo tiempo, nuestras sociedades viven el mayor y más rápido proceso de envejecimiento con el aumento desmedido de las necesidades de salud que todo ello conlleva. Ambos factores nos conducen inevitablemente a un abrupto despertar del sueño de la inmortalidad posible: todo para todos y siempre no es económicamente posible porque, entre otros motivos, no es éticamente viable. Y las personas que padecen enfermedades raras son el rostro más visible de este gran desafío para la conciencia ética.
El primer obstáculo por superar está en la investigación. Cuando los recursos son limitados, a menudo se prioriza la mejora en salud de muchos sobre la vida de pocos; el beneficio económico de los inversores sobre el bien para la humanidad que se deriva. Es el problema ético que precede a las propias terapias: el fin propio de la investigación dentro de un sistema económico que busca el beneficio. No es un conflicto ético de fácil solución, lo que sí parece claro es que pone en evidencia la calidad ética de todos.
Una vez la investigación se ha puesto en marcha, encontramos otro escollo ético importante: cómo recabar sujetos de estudio cuyo consentimiento informado sea real, es decir, con información suficiente de unas terapias ciertamente complejas; con una voluntad firme y responsable cuando en muchos casos se desconocen los riesgos y beneficios a largo plazo; y con una libertad tal que no se vea comprometida con la propia situación de desesperanza. En esta ocasión, el obstáculo puede minimizarse con una comunicación adecuada, que sea ante todo suficiente, clara, transparente y honesta. Cuando la vida y la salud están en juego, es necesario garantizar la comprensión, la voluntad y la libertad. Es la base de la confianza en las personas y en el sistema.
Las terapias avanzadas tienen un denominador común para todos: el elevado coste y la limitación de su disponibilidad derivada de la complejidad técnica. Es entonces cuando se ponen en cuestión la equidad en el acceso a unas terapias que, para muchas personas, pueden suponer un cambio sustancial en su salud, sus vidas y la de quienes les rodean. El acceso a estas terapias depende más del código postal que de las necesidades biomédicas de la persona. Es necesario que se impulsen políticas de financiación de estas terapias avanzadas, que las inversiones públicas y las instituciones sanitarias de gestión privada colaboren para que todos tengan acceso, para que la prescripción de un tratamiento o el acceso a una prueba diagnóstica solo dependa de datos clínicos y no económicos, geográficos, políticos o culturales. La salud no es un privilegio de algunos, es un derecho humano universal para todos.
Pero los conflictos éticos no terminan aquí. La innovación en terapias avanzadas es prácticamente exponencial y su implementación genera importantes dudas en lo referente a seguridad a corto plazo y efectos no deseados a largo plazo. Ante cualquier conflicto en bioética, siempre prima la no maleficencia, la protección de los vulnerables ante cualquier amenaza que pueda dañar lo más valioso, sea su vida, su salud, su dignidad o su autonomía. Pero la velocidad de las investigaciones y la publicación de sus resultados hace que se tomen decisiones en un contexto de profunda incertidumbre. Y aquí no solo se juega la vida y la salud de algunos, se juega la confianza en el sistema sanitario de todos. Por ello, necesitamos mecanismos de seguimiento a largo plazo para proteger, aprender y mejorar con miras al cuidado de las generaciones futuras.
Hace más de medio siglo, ante los desafíos derivados de la revolución biomédica del momento nació la disciplina bioética, como puente entre la ciencia y la conciencia, entre aquella generación y la nuestra. Y aquí estamos, con nuevos avances, pero con las mismas inquietudes. Ante las cuestiones derivadas de las terapias avanzadas en personas con enfermedades raras, la bioética de entonces, como ahora, tiene una respuesta en la investigación: anteponer la beneficencia y el cuidado obligado a los más vulnerables; respecto al consentimiento, fortalecer la confianza y la transparencia en la comunicación; frente a los elevados costes de estas terapias, priorizar la equidad frente a una equívoca igualdad que responde a los intereses de muchos frente a la vida y la salud de unos pocos; y, en lo referente a la seguridad, no debemos olvidar la no maleficencia de la que ya nos hablaba Hipócrates con su primum non nocere.
Hace más de medio millón de años, nuestros antepasados homínidos cuidaron durante unos diez años a Benjamina, una niña Homo heidelbergensis que nació con craneosinostosis en Atapuerca. El cuidado de los más vulnerables nos define como humanidad y nos garantiza la supervivencia en esta tierra. Hoy, las posibilidades terapéuticas que ofrecen las terapias avanzadas son inimaginables, por lo que también el cuidado, la solidaridad y el compromiso de todos deben ser, si no proporcionales, al menos, estar a la altura de la humanidad que nos define.
Bioética y terapias avanzadas — newsRARE Vol 11 Núm 1
Artículo en profundidad
Vol 11 · Núm 1 · Mayo 2026
Bioética y terapias avanzadas en enfermedades raras: retos y dilemas en la medicina del siglo XXI
Coral González · Martina Di Gisi · Carlos Dévora
Departamentos de Strategic Intelligence & Policy Research y Health Economics & Market Access — Weber
Introducción: de la escasez terapéutica a la medicina de precisión en enfermedades raras
Las opciones de tratamiento para las enfermedades raras (EERR) tuvieron durante años un desarrollo limitado, condicionado por una situación en la que la baja prevalencia y la limitada rentabilidad desincentivaban la inversion y la innovación1,2. Como consecuencia, la capacidad de intervencion permanecio durante mucho tiempo restringida a un enfoque centrado en el manejo sintomático y el control de la progresion de la enfermedad3.
Este escenario ha cambiado en las ultimas decadas con la comprensión de los mecanismos moleculares y genéticos implicados en muchas de estas EERR Susceptibles4, en parte impulsado por las iniciativas a nivel global para fomentar la investigación en este area. La identificación de dianas biologicas concretas ha abierto la puerta a nuevas estrategias terapéuticas, como las terapias avanzadas (ATMP, Advanced Therapy Medicinal Products), que permiten corregir alteraciones subyacentes o modificar de forma duradera la evolución de ciertas patologias. De este modo, el paradigma terapéutico ha evolucionado desde un enfoque sintomatologico hacia otro orientado a intervenir sobre la base fisiopatologica de la enfermedad5.
La primera ATMP utilizada para tratar una enfermedad rara fue una terapia génica aplicada en 1990 a pacientes con inmunodeficiencia combinada grave por deficit de adenosina desaminasa (ADA-SCID, Adenosine Deaminase–Severe Combined Immunodeficiency) en EE. UU. Este hito constituyo, además, el primer uso clínico de terapia génica en humanos y refleja la estrecha vinculacion entre este tipo de abordaje terapéutico y el ambito de las EERR5. Esta relación se explica, en parte, porque aproximadamente el 80% de las EERR tienen un componente genético, lo que las hace especialmente susceptibles de ser abordadas mediante terapias génicas y celulares6.
El marco regulatorio de estas terapias se establecio en Europa mediante el Reglamento 1394/2007, que las clasifica en terapias génicas, terapias celulares somaticas y productos de ingenieria tisular, y fue posteriormente desarrollado en España a traves del Real Decreto 477/20147,8 (Figura 1).
Figura 1. Tipos de terapias avanzadas en EERR y sus aplicaciones terapéuticas. Terapia génica: corrige o repara un gen defectuoso (ejemplo: Luxturna para la amaurosis congenita de Leber, que corrige una mutación en el gen RPE65 para restaurar la visión). Terapia celular: utiliza celulas modificadas para tratar la enfermedad (ejemplo: terapia CAR-T en sindrome de Hunter; los CAR-T son linfocitos T disenados para dirigirse contra celulas que contribuyen a la acumulacion de glucosaminoglicanos por deficit de iduronato-2-sulfatasa). Ingenieria de tejidos: crea tejidos u organos artificiales (ejemplo: en epidermolisis bullosa, los implantes de piel utilizan queratinocitos modificados para restaurar la adhesion entre la dermis y la epidermis). Fuente: elaboracion propia a criterio de los autores. Abreviaturas: EERR: enfermedades raras.
Este marco ha seguido adaptandose para hacer viable el acceso a estas terapias en un entorno como el de las EERR, caracterizado por poblaciones reducidas y una elevada necesidad médica no cubierta9. En este contexto, la dificultad para reclutar grandes cohortes de pacientes ha llevado a aceptar evidencia procedente de ensayos de menor tamano, apoyados con frecuencia en variables subrogadas y disenos más flexibles, lo que introduce un mayor grado de incertidumbre en la evaluación de su beneficio clínico10.
Además, la creciente disponibilidad de terapias altamente complejas y, en muchos casos, de elevado coste, plantea cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y con la equidad en el acceso a la innovación, en la medida en que no todos los pacientes pueden beneficiarse de estas intervenciones en las mismas condiciones11,12.
En este marco, emergen interrogantes éticos sobre que decisiones resultan justificables cuando la evidencia es limitada y los riesgos son inciertos, lo que obliga a definir que grado de incertidumbre puede aceptarse en relación con el beneficio esperado y como equilibrar dicho beneficio con el coste y su impacto sobre el conjunto del sistema.
El objetivo de este artículo es analizar los principales retos de la bioética en el ambito de las ATMP aplicadas a las EERR, así como contribuir a la reflexion sobre los criterios que deberian guiar la toma de decisiones en este contexto.
Enfermedades raras y bioética: bases conceptuales y retos estructurales
Especificidades de las enfermedades raras
Las EERR constituyen un grupo heterogeneo de patologias caracterizadas por su baja prevalencia individual, pero que en conjunto afectan a una proporcion significativa de la población mundial. Se estima que entre el 3,5% y el 5,9% de la población global vive con alguna enfermedad rara, lo que equivale aproximadamente a entre 263 y 446 millones de personas a nivel mundial13.
A pesar de su impacto agregado, la prevalencia individual y la dispersion geografica de los pacientes dificultan tanto el diagnostico como la generación de evidencia clínica robusta. La limitada disponibilidad de pacientes condiciona el tamano de las muestras en ensayos clínicos y reduce la calidad de los datos epidemiologicos, lo que introduce una alta incertidumbre en la estimacion de incidencia, prevalencia y evolución natural de la enfermedad14. Además, menos del 5% de las aproximadamente 7.000 EERR identificadas cuentan actualmente con tratamientos aprobados, lo que refleja la persistencia de importantes necesidades médicas no cubiertas12.
Desde una perspectiva social y económica, estas patologias generan una carga significativa no solo para los pacientes, sino también para sus familias y cuidadores. Diversos estudios recientes muestran que estas patologias afectan significativamente a la productividad laboral, los ingresos familiares y la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus cuidadores15,16. La necesidad de cuidados prolongados, la dependencia funcional y el impacto psicológico en los cuidadores contribuyen a una carga social considerable, que trasciende el ambito sanitario y afecta al conjunto de la sociedad17.
En este contexto, las EERR plantean retos especificos que trascienden el ambito clínico y adquieren una dimension ética particularmente relevante, especialmente en relación con la equidad en el acceso a tratamientos, la incertidumbre terapéutica y la priorización de recursos.
Principios bioéticos clasicos aplicados
Dadas sus características diferenciales, las EERR requieren de un marco que permita integrar los principios éticos generales en contextos clínicos marcados por la complejidad, la incertidumbre y la limitada evidencia disponible. En este sentido, la bioética clínica actua como un puente entre la teoria moral y la práctica asistencial, orientando la toma de decisiones hacia respuestas prudentes y contextualizadas que tengan en cuenta tanto las necesidades individuales de los pacientes como las restricciones del sistema sanitario.
La moral puede entenderse en dos niveles complementarios19:
La moral comun, que se refiere a un conjunto de normas ampliamente aceptadas y consideradas universales, como la prohibicion de causar dano deliberadamente, el respeto por la vida o la obligacion de decir la verdad. En el contexto de las EERR, esto se refleja, por ejemplo, en la obligacion de ofrecer información veraz a los pacientes sobre el pronostico o la incertidumbre terapéutica, así como en evitar intervenciones con riesgos desproporcionados cuando no existe evidencia suficiente de beneficio.
La moral particular, formada por normas y valores especificos de determinadas profesiones, culturas o comunidades. En el ambito sanitario, esta moral particular se expresa a traves de codigos deontologicos y normas profesionales que guian la práctica médica19. En el caso español y en EERR, esta moral particular se concreta, entre otros aspectos, en el marco regulatorio aplicable al acceso a medicamentos en situaciones especiales (incluido el uso compasivo), regulado por el Real Decreto 1015/2009, así como en los requisitos especificos que ordenan el uso de los medicamentos de terapia avanzada20.
Siguiendo el modelo propuesto por Beauchamp y Childress18, este análisis se articula en torno a cuatro principios fundamentales que constituyen uno de los marcos más influyentes en la ética biomedica: beneficencia, no maleficencia, autonomia y justicia (Tabla 1).
Tabla 1. Aplicación de los principios éticos en la atencion al paciente tratado con ATMP
Principio bioético
Aspectos a evaluar
Consideraciones especificas en ATMP/EERR
Beneficencia / No maleficencia Evaluacion clínica
Naturaleza de la enfermedad (aguda, crónica, reversible, terminal). Cuales son los objetivos del tratamiento?
Frecuentemente, se trata de enfermedades graves, progresivas y sin alternativas terapéuticas eficaces, lo que condiciona la tolerancia al riesgo.
Que opciones de tratamiento existen y cual es la probabilidad de exito de cada una?
Las opciones suelen ser limitadas; las ATMP pueden basarse en evidencia preliminar o de pequeño tamano muestral.
Cuales son los efectos adversos del tratamiento y el beneficio supera al dano potencial?
Incertidumbre sobre efectos a largo plazo y posibles riesgos graves derivados de intervenciones complejas o irreversibles.
Cuales serian las consecuencias de no realizar tratamiento médico o quirurgico?
En muchos casos, la alternativa es la progresion natural de la enfermedad, lo que puede justificar asumir mayor incertidumbre y riesgo.
En caso de tratar al paciente, existen planes para limitar o suspender el tratamiento si fuera necesario?
En algunas ATMP, la irreversibilidad o duracion prolongada del efecto limita la posibilidad de retirada del tratamiento.
Respeto por la autonomia Derechos y preferencias del paciente
Se ha informado al paciente sobre los beneficios y riesgos del tratamiento?
Es clave comunicar la incertidumbre, la posible falta de evidencia robusta y la naturaleza innovadora del tratamiento.
El paciente comprendio la información y otorgo su consentimiento?
Puede requerirse un proceso de consentimiento informado reforzado, especialmente en contextos de alta complejidad.
Es un paciente con capacidad decisional plena? En caso afirmativo, cuales son sus preferencias?
La presion emocional y la falta de alternativas pueden influir en la toma de decisiones.
Si el paciente no tiene capacidad decisional plena, se conocen sus preferencias previas? Si no se conocen, quién es el representante o sustituto apropiado para tomar decisiones?
Frecuente en pacientes pediátricos o con enfermedades neurodegenerativas; mayor peso del entorno familiar. Cuando exista conflicto entre las preferencias del paciente con capacidad decisional limitada y las de su familia, la decisión deberia elevarse al comite de ética asistencial.
Beneficencia / No maleficencia / Respeto por la autonomia Calidad de vida
Cual es la calidad de vida esperada con tratamiento y sin tratamiento?
Las ATMP pueden ofrecer mejoras sustanciales, pero también generar expectativas dificiles de predecir.
En pacientes que no pueden expresarse, quién evalua o juzga su calidad de vida? Existe posible sesgo del médico al valorar la calidad de vida del paciente?
Riesgo de sesgos en contextos de alta incertidumbre y enfermedad grave.
Cual es la justificacion para limitar o retirar tratamientos de soporte vital?
Las decisiones pueden verse condicionadas por la disponibilidad de nuevas terapias potencialmente modificadoras de la enfermedad.
Justicia distributiva Factores externos y contexto
Existen conflictos de interes? Por ejemplo, el médico obtiene beneficios económicos o profesionales al solicitar pruebas, prescribir medicamentos o pedir interconsultas?
Relevancia creciente de la industria y de centros especializados en ATMP.
Existen conflictos de interes derivados de creencias religiosas o cuestiones legales? Existen conflictos entre organizaciones (clínicas, hospitales) o con financiadores/terceros pagadores?
Posibles tensiones entre innovación, regulacion y financiacion pública.
Hay implicaciones relacionadas con la salud pública o la seguridad colectiva? Existen problemas relacionados con la asignacion de recursos sanitarios escasos?
Alto coste de estas terapias y necesidad de criterios de priorización, equidad en el acceso y sostenibilidad del sistema.
Abreviaturas: ATMP: Advanced Therapy Medicinal Products; EERR: enfermedades raras. Fuente: adaptado de Varkey et al., 202119.
El principio de beneficencia establece la obligacion moral de actuar en beneficio del paciente. No se limita solo a evitar el dano, sino que implica una actitud activa orientada a promover el bienestar y mejorar la calidad de vida de la persona enferma.
El principio de no maleficencia exige evitar intervenciones que puedan causar perjuicios innecesarios o desproporcionados. En determinados contextos clínicos donde el efecto puede ser doble, como una intervencion destinada a aliviar el sufrimiento con opioides pero que puede tener efectos secundarios no deseados, como la reducción indirecta de la esperanza de vida, la intervencion se considera eticamente aceptable si la intencion principal es aliviar el sufrimiento del paciente y el beneficio supera los posibles riesgos18,21.
El principio de autonomia reconoce el derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre su propia salud y su tratamiento. Este principio ha adquirido una importancia creciente en la bioética contemporanea, desplazando modelos más paternalistas de la medicina. De el se derivan elementos fundamentales de la práctica clínica actual, como el consentimiento informado y la confidencialidad de los datos de salud. La literatura bioética distingue entre la autonomia individual y la autonomia relacional, que reconoce que las decisiones de los pacientes suelen estar influidas por sus relaciones familiares, sociales y culturales19.
Finalmente, el principio de justicia se refiere a la distribución equitativa de los recursos sanitarios. En bioética, se vincula especialmente con la justicia distributiva, que aborda como asignar recursos limitados en los sistemas de salud. Este principio exige tomar decisiones que garanticen equidad y priorización adecuada de necesidades. Además, la literatura advierte sobre la importancia de identificar y gestionar conflictos de interes que puedan influir en las decisiones sanitarias19,22.
En la práctica clínica es frecuente que los principios bioéticos entren en conflicto entre si, especialmente el de beneficencia (actuar en beneficio del paciente) y el de autonomia (respetar las decisiones del paciente). Por ejemplo, un médico puede considerar que un determinado tratamiento es el mejor para un paciente con una enfermedad rara, mientras que este puede rechazarlo por motivos personales, religiosos o culturales. Esta tensión se vuelve especialmente relevante en el contexto de las ATMP, donde las decisiones suelen implicar intervenciones altamente especializadas, con procesos complejos de acceso y administración, y que pueden requerir valorar cuidadosamente aspectos como la proporcionalidad del beneficio esperado, la carga del tratamiento y las preferencias del paciente. En estas situaciones, la resolucion del conflicto requiere analizar cuidadosamente el contexto clínico, los valores del paciente y las posibles consecuencias de cada decisión19.
Decisiones clínicas en contextos de excepcionalidad y alta incertidumbre
Uso compasivo y acceso temprano
El desarrollo clínico de un medicamento puede prolongarse durante 5-7 años o más debido a los estrictos requisitos de evaluación de eficacia y seguridad, seguidos del proceso de autorización y, posteriormente, de las negociaciones de precio y reembolso de cada país. En el caso de las EERR, donde las opciones terapéuticas suelen ser limitadas y el tiempo hasta la disponibilidad de nuevos tratamientos puede ser critico, muchos pacientes no pueden esperar a que finalice el proceso regulatorio completo, generando una tensión ética estructural entre la urgencia clínica, el acceso temprano y la necesidad de garantizar un minimo nivel de evidencia y seguridad.
Balance beneficio-riesgo en EERR: la importancia de los datos en vida real. En el ambito de las EERR, la toma de decisiones se apoya en un conocimiento provisional, donde el potencial transformador (e incluso curativo) de algunas ATMP se contrapone a riesgos poco caracterizados y, en ocasiones, a la irreversibilidad de la intervencion. Esta combinacion de alta expectativa de beneficio y elevada incertidumbre constituye un rasgo distintivo de este tipo de terapias. Los marcos regulatorios han respondido a esta singularidad mediante vías de acceso temprano que permiten anticipar la disponibilidad de estos tratamientos, trasladando parte de la generación de evidencia a la fase posterior a la autorización. Así, el balance beneficio-riesgo deja de ser una evaluación puntual para convertirse en un proceso dinamico, que se redefine a lo largo del tiempo. En este proceso, el seguimiento prolongado y la generación de evidencia en vida real no son elementos complementarios, sino componentes esenciales para comprender la verdadera magnitud, durabilidad y seguridad del beneficio clínico (y social) en condiciones de práctica real. Desde una perspectiva bioética, este enfoque refuerza la responsabilidad de garantizar un uso prudente y equitativo de estas terapias, así como de mantener un compromiso continuo con la transparencia, la reevaluacion de las decisiones clínicas y el respeto a la autonomia del paciente a lo largo de todo el proceso asistencial.
En este contexto, en Europa y a nivel internacional, existen varios mecanismos regulatorios que facilitan el acceso a estos medicamentos, entre los que se encuentran los programas de uso compasivo (Compassionate Use Programmes), los programas de paciente nominal (Named-Patient Programmes), los programas nacionales de acceso temprano (Early Access) y los programas de acceso expandido (Expanded Access, principalmente en EE. UU.). En la práctica, estos mecanismos trasladan parte de la incertidumbre desde el desarrollo clínico al ambito asistencial.
Los programas de uso compasivo, regulados a nivel europeo por el artículo 83 del Reglamento 726/200423, permiten el acceso a medicamentos en desarrollo para grupos de pacientes con enfermedades graves o potencialmente mortales cuando:
No existen tratamientos efectivos disponibles.
El paciente no puede participar en un ensayo clínico.
El medicamento aun no ha sido autorizado.
Existe acuerdo entre el médico y el paciente.
En España, el acceso al uso compasivo esta regulado por el Real Decreto 1015/2009, que establece el marco de uso de medicamentos en situaciones especiales. Dentro de este marco, se distinguen dos vías de acceso: el uso individualizado y las autorizaciones temporales de utilización para grupos de pacientes. El uso individualizado (equivalente a los programas de paciente nominal) se corresponde con el denominado uso compasivo individual, en el que un médico solicita un medicamento para un paciente concreto sin alternativas terapéuticas, previa autorización a la AEMPS. Por su parte, las autorizaciones para grupos de pacientes se aproximan a los programas de uso compasivo colectivos (Compassionate Use Programmes). Estas autorizaciones se emplean cuando el medicamento esta en una fase avanzada de investigación clínica o ya se ha iniciado el proceso de autorización de comercializacion, por lo que resultan especialmente relevantes en el caso de las ATMP, donde el acceso precoz puede ser clave dada la gravedad y la limitada disponibilidad de alternativas terapéuticas20.
Los programas nacionales de acceso temprano van un paso más alla del uso compasivo tradicional, ya que suelen incluir evaluación clínica, seguimiento mediante datos en vida real y mecanismos de financiacion temporal, lo que los convierte en sistemas más estructurados. El ejemplo más conocido es el modelo frances de acces precoce24, que permite el acceso a medicamentos antes de su autorización o inmediatamente después de la opinion positiva de la European Medicines Agency (EMA) (previo a la decisión formal de la Comision Europea). Este tipo de programas ha sido especially relevante en el ambito de las ATMP, como en el caso de las terapias CAR-T (por ejemplo, tisagenlecleucel o axicabtagene ciloleucel), cuyo acceso temprano en algunos países europeos se ha articulado a traves de mecanismos similares, permitiendo tratar a pacientes con neoplasias hematologicas sin alternativas terapéuticas mientras se completaban los procesos de evaluación y financiacion. En España, el acceso a estas terapias CAR-T se organiza a traves del Plan de Terapias Avanzadas del Ministerio de Sanidad, que designa los centros autorizados y establece los protocolos clínicos para su administración dentro del Sistema Nacional de Salud25.
Estos programas aplicados a las ATMP no estan exentos de desafios asociados a su implementacion. La reducción de los tiempos de evaluación exige analizar la evidencia científica con rapidez sin comprometer el rigor regulatorio. A ello se suma la incertidumbre en la interpretacion del criterio de “interes mayor para la salud pública” y la elevada complejidad científica y técnica de estas terapias, como el uso de celulas o material genético, que requiere conocimientos especializados para su adecuada evaluación y obliga a considerar de forma explicita la posibilidad de efectos irreversibles y riesgos a largo plazo aun no completamente caracterizados23.
En EERR, el acceso temprano a ATMP permite responder a necesidades urgentes, pero exige asumir y gestionar la incertidumbre clínica.
Desde una perspectiva bioética, estos mecanismos reflejan el equilibrio necesario entre el principio de beneficencia (facilitar el acceso temprano a terapias potencialmente beneficiosas en contextos de alta necesidad médica) y el de no maleficencia, al tratarse de intervenciones cuya evidencia clínica aun es limitada y cuyos riesgos pueden no estar completamente caracterizados. Asimismo, plantean importantes desafios en terminos de justicia, especialmente en relación con la equidad en el acceso entre países y sistemas sanitarios, así como con la asignacion de recursos en el caso de ATMP de alto coste (por paciente) y con impacto potencial sobre la sostenibilidad del sistema. En este contexto, la toma de decisiones debe incorporar no solo la evidencia disponible, sino también los valores del paciente y las implicaciones sociales derivadas del acceso a estos tratamientos.
Casos en los que la decisión clínica trasciende al ambito técnico
En el ambito de las ATMP, la decisión clínica deja de ser solo una cuestión de eficacia, seguridad y elegibilidad, y pasa a involucrar juicios de valor sobre tiempo, equidad, autonomia, necesidades no cubiertas, carga familiar y uso justo de recursos. A continuacion, se presentan varios escenarios y, en todos ellos, el profesional sanitario no solo aplica la evidencia: también pondera valores, vulnerabilidad, justicia y responsabilidad social (Figura 2)12,26.
El primer escenario donde la decisión clínica trasciende lo técnico es en la selección de candidatos en fases muy precoces, cuando el beneficio depende de tratar antes de la aparicion de dano irreversible, pero la evidencia disponible es limitada. En la leucodistrofia metacromatica, una enfermedad neurodegenerativa hereditaria que causa deterioro progresivo del sistema nervioso, un panel internacional tuvo que evaluar los casos individualmente y recomendar tratar, no tratar o mantener la decisión abierta. En este contexto, variables como la funcion cognitiva, el estadio clínico y el pronostico impiden aplicar criterios puramente técnicos, siendo necesario integrar factores clínicos, sociales y éticos en la toma de decisiones27.
FIGURA 2. TIPOS DE DECISIONES CLÍNICAS QUE TRASCIENDEN LO TÉCNICO
Un segundo escenario es el de las terapias pediátricas, donde la cuestión no es solo si el tratamiento es eficaz, sino también cuando administrarlo y quién debe participar en la decisión. Muchas terapias génicas o celulares son más efectivas antes de la aparicion de síntomas irreversibles, lo que desplaza el debate hacia el cribado neonatal genomico, el consentimiento parental y el impacto psicosocial del diagnostico precoz28,29.
Un tercer escenario se refiere a las ATMP de administración única (one-shot), caracterizadas por su irreversibilidad y la necesidad de evaluar sus efectos a largo plazo. Muchas ATMP se aprueban con muestras pequeñas y seguimiento limitado, lo que obliga a valorar cuánto riesgo desconocido es razonable asumir hoy frente a un posible beneficio futuro. Por ello, la EMA subraya la necesidad de seguimiento prolongado y el uso creciente de datos del mundo real para evaluar seguridad y eficacia a largo plazo26,30. También destacan las terapias N-of-1 (disenadas para un único paciente, que actua como su propio control) para variantes ultrarraras, donde la decisión clínica plantea preguntas que trascienden la viabilidad técnica: si debe desarrollarse una terapia para un único paciente, con evidencia minima y costes elevados, y como justificar estas decisiones en terminos de equidad, priorización de recursos y responsabilidad colectiva31. Con relación a esto ultimo, la equidad de acceso constituye otro escenario relevante. Incluso tras la autorización regulatoria, el acceso real a ATMP depende de factores como el país, la disponibilidad de centros especializados o los sistemas de financiacion12,32.
Papel de los comites de ética asistencial y de investigación
En el ambito sanitario, resulta fundamental la existencia de comites que garanticen el cumplimiento de los principios éticos tanto en la investigación como en la práctica clínica, independientemente del tipo de enfermedad o paciente. En este contexto, los Comites de Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm) y los Comites de ética asistencial desempenan funciones diferenciadas pero complementarias en la evaluación y toma de decisiones. Mientras que los primeros tienen un papel formal, regulado y creciente en complejidad dentro del ambito de la investigación clínica, los segundos presentan una menor homogeneidad normativa, pero resultan fundamentales en la deliberacion ética caso por caso en la práctica clínica (Tabla 2)33,34.
Comites de ética de investigación con medicamentos (CEIm)
En el plano de la investigación, el marco europeo es claro: el Reglamento 536/2014 exige la participacion de los CEIm en la evaluación de ensayos clínicos, con el objetivo de proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes, así como reforzar la transparencia del sistema. Desde 2025, además, todos los ensayos en marcha en la UE deben estar ya bajo este Reglamento. En España, los aspectos éticos de los ensayos clínicos estan regulados por el Real Decreto 1090/2015, que establece el marco para la realizacion de estudios con medicamentos, así como el funcionamiento de los CEIm y el Registro Español de Estudios Clinicos (REEC). En particular, este Real Decreto atribuye a los CEIm la evaluación de los aspectos metodologicos, éticos y legales de los estudios y exige, para el inicio del ensayo, el dictamen favorable, único y vinculante de un CEIm, junto con la autorización de la AEMPS y la conformidad del centro participante35.
En ATMP, esta funcion se vuelve especially critica por las particularidades ya descritas34. Por todo ello, los CEIm deben valorar de forma sustantiva si el diseno del estudio es eticamente aceptable pese a tamanos muestrales reducidos, si el balance beneficio-riesgo es razonable, si la información al paciente comunica honestamente la incertidumbre y velar por la protección de los participantes vulnerables34,36. Además, en este tipo de ensayos, el papel del comite de investigación se amplia por la necesidad de seguimiento prolongado, pues la EMA mantiene que estos productos requieren planes especificos de farmacovigilancia, gestión de riesgos y seguimiento de seguridad y eficacia una vez recibida la autorización de comercializacion37–39. De hecho, la propia EMA cuenta con el Committee for Advanced Therapies (CAT), el comite especializado en ATMP y que participa en la evaluación y asesoramiento de la calidad, seguridad y eficacia de este tipo de terapias40.
La incertidumbre a largo plazo de las ATMP exige decisiones prudentes, especialmente cuando el beneficio potencial convive con riesgos aun desconocidos.
Comites de ética asistenciales
En este ambito, se observa una menor homogeneidad organizativa en comparacion con los CEIm, si bien su papel en la práctica clínica resulta altamente relevante cuando la decisión terapéutica no puede resolverse unicamente con criterios técnicos, actuando como organos de deliberacion, mediacion y apoyo moral36.
Estos comites ayudan a estructurar conflictos entre beneficencia, no maleficencia, autonomia y justicia cuando, por ejemplo, una ATMP puede ser tecnicamente factible, pero plantea dudas sobre interes superior del menor, proporcionalidad del riesgo, continuidad del seguimiento o equidad de acceso. En EERR esto es especialmente visible porque las expectativas familiares son muy altas y los costes muy elevados, lo que hace que la decisión clínica tenga una dimension distributiva además de individual41,42. También tienen relevancia en contextos como la exencion hospitalaria, aunque aquí su intervencion no esta armonizada a nivel europeo43,44.
Tabla 2. Aspectos clave que diferencian las intervenciones entre los CEIm y los Comites de ética asistenciales
Aspecto
CEIm
Comites de ética asistencial
Ambito
Investigación con medicamentos
Práctica clínica
Que evaluan
Ensayos clínicos
Decisiones clínicas reales
Base legal
RD 1090/2015 y Reglamento 536/2014
Normativa autonomica / hospitalaria
Objetivo
Proteger participantes en investigación
Resolver dilemas éticos asistenciales
Momento
Antes de iniciar un estudio
Durante la atencion al paciente
Ejemplo
Ensayo de terapia génica en EERR
Decisión sobre tratamiento experimental en paciente
Abreviaturas: CEIm: Comite de Ética de Investigación con medicamentos; EERR: enfermedades raras; RD: Real Decreto. Fuente: elaboracion propia a criterio de los autores.
Autonomia del paciente y toma de decisiones en contextos complejos
Información, expectativas y consentimiento informado
En el contexto de los ensayos clínicos y de las decisiones terapéuticas en situaciones complejas, como puede ser el caso de las EERR, se debe garantizar la autonomia del paciente, principio que, en terminos generales, se recoge en la Ley 41/200245, básica reguladora de la autonomia del paciente. La autonomia real del paciente depende de la calidad de la información que recibe, no solo de su entrega formal46,47.
Esta información debe include no solo riesgos y beneficios, sino también incertidumbre, alternativas reales y limites del conocimiento. Esto es especialmente importante cuando hay múltiples opciones razonables, cuando el pronostico es incierto o cuando la decisión se toma en situaciones de alta carga emocional. Por ejemplo, en el ambito de los ensayos clínicos, donde la participacion del paciente es clave, resulta necesario garantizar que esta información se proporcione de forma adecuada para favorecer una toma de decisiones informada y autonoma. Por eso, la literatura más reciente propone una aproximacion de autonomia relacional y decisión compartida, más sensible al contexto que una visión puramente individualista (Tabla 3)46.
Tabla 3. Como fomentar la participacion en EECC respetando la autonomia del paciente
Objetivo por conseguir
Limitaciones
Posibles soluciones
Motivacion para participar en EECC
Desigualdad en el acceso y en los procesos asistenciales, con posibles cargas adicionales para el paciente.
Incorporar la perspectiva del paciente en el diseno de ensayos con ATMP, considerando el potencial beneficio transformador, la carga del tratamiento y las expectativas realistas asociadas.
Información detallada para los pacientes
Limitaciones de tiempo y elevada complejidad de las situaciones clínicas.
Reforzar los procesos de información en ATMP mediante herramientas adaptadas a las necesidades y conocimientos del paciente, que expliquen la complejidad del tratamiento, su carácter potencialmente irreversible y el seguimiento a largo plazo, facilitando una toma de decisiones informada.
Buena comunicación entre el médico y el paciente
Influencia de factores psicologicos en la toma de decisiones.
Fomentar una comunicación clínica especifica para ATMP, con formación en habilidades comunicativas en contextos de alta complejidad e innovación terapéutica.
Pacientes empoderados y capaces de tomar decisiones
Falta de motivacion y/o descoordinacion.
Promover la educacion del paciente en ATMP, incluyendo la gestión de expectativas, la comprensión de su naturaleza innovadora y la participacion en decisiones sobre opciones terapéuticas.
Fuente: elaboracion propia a partir de Dennstadt et al., 202449.
También es importante resaltar el papel de las expectativas. Unas expectativas irreales pueden distorsionar la decisión tanto como una mala información, por lo que es importante ayudar al paciente a construir expectativas proporcionadas sobre lo que el tratamiento puede y no puede ofrecer. Revisiones recientes senalan que la comunicación clínica debe abordar miedos, emociones, confianza y expectativas para reducir barreras psicologicas y facilitar una participacion autentica del paciente en la decisión. Cuando esto no ocurre, los pacientes tienden a delegar por ansiedad, confianza ciega o sensacion de no entender suficientemente la situación48,49.
Respecto al consentimiento informado, la tendencia actual es entenderlo como un proceso relacional, evolutivo y adaptado al contexto, no como una simple firma46,47. La evidencia reciente también insiste en que el consentimiento informado debe ser dinamico. En investigación genomica en EERR, el consentimiento no puede limitarse a un momento único porque los usos de datos, los hallazgos secundarios y las implicaciones familiares pueden cambiar con el tiempo50.
Pacientes pediátricos y personas con discapacidad cognitiva
En pediatria, la autonomia no se entiende como un “todo o nada”, sino como una capacidad que se desarrolla con la edad, la experiencia y el contexto clínico. El marco de derechos del niño reconoce que los menores tienen derecho a ser escuchados, y el Consejo de Europa subraya que son titulares de derechos con capacidades evolutivas para participar en decisiones sobre su salud. Por ello, el papel clínico no es solo pedir consentimiento a los padres, sino incorporar activamente la voz del niño o adolescent de manera acorde a su desarrollo51,52.
En las personas con discapacidad cognitiva o intelectual, el cambio conceptual más importante es que la discapacidad no debe equipararse automaticamente a incapacidad decisional. La Convencion sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce su derecho al ejercicio de derechos en igualdad de condiciones y obliga a proporcionar ajustes razonables y apoyo, cambiando el enfoque de sustituir las decisiones por el del supported decisión-making: ayudar a la persona a entender, valorar y expresar preferencias con información accesible, apoyos comunicativos y acompanantes de confianza53. La evidencia reciente también muestra que el mayor problema no suele ser una incapacidad intrinseca de la persona, sino las barreras del sistema: el lenguaje técnico, la falta de tiempo, la ausencia de materiales en lectura facil, la escasa formación clínica y las pocas adaptaciones en hospitales y consultas54.
La autonomia del paciente debe entenderse como un proceso relacional y no como una capacidad individual aislada. En este sentido, la clave no es preguntar “puede decidir solo?”, sino “que apoyos necesita para participar de forma significativa y segura en la decisión?”. Este enfoque resulta especialmente relevante en ATMP, donde la complejidad del tratamiento y el impacto de la decisión exigen reforzar la información, la comunicación y el acompanamiento. Promover una autonomia efectiva implica, por tanto, facilitar condiciones que permitan al paciente participar en la toma de decisiones clínicas.
Rol de las familias y asociaciones de pacientes
En cuánto a las familias, la tendencia actual es hacia un modelo de autonomia relacional: muchas decisiones sanitarias no se toman en aislamiento, sino dentro de redes de apoyo afectivo y práctico. En este marco, los familiares y cuidadores ayudan a interpretar la información, clarificar valores, sostener emocionalmente al paciente y participar en la deliberacion cuando el propio paciente así lo desea55,56. Por otro lado, el diagnostico genético que conllevan algunas ATMP puede revelar riesgos para hermanos, padres u otros familiares, afectando a su privacidad, por lo que también se les debe informar y pedir consentimiento en caso de uso secundario de datos. La presencia familiar puede generar tensiones éticas, sobre todo cuando el paciente es dependiente o esta gravemente enfermo, desplazandose la conversacion con el clínico hacia la familia y terminar reflejando más los valores de los familiares que los del paciente. Esto, a su vez, lleva a que en algunos casos los familiares experimenten sobrecarga, dificultad decisional y arrepentimiento57.
En cuánto a las asociaciones de pacientes, estas no suelen intervenir en la decisión clínica individual, pero si en las condiciones que hacen posible una autonomia más efectiva. Precisamente, el European Patients’ Forum destaca que estas entidades aportan valor en participacion y capacidad de intervenir en la toma de decisiones sanitarias, mejorando la alfabetizacion en salud, apoyando a personas recien diagnosticadas y ayudando a los pacientes a llegar a la consulta con más capacidad para deliberar sobre opciones58.
Aquí destaca el European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI), una iniciativa europea creada para formar y capacitar a pacientes y representantes de pacientes en investigación y desarrollo de medicamentos (y en otros aspectos del ciclo de vida de un medicamento), con el objetivo de que puedan participar de manera informada en los procesos de innovación terapéutica y en la toma de decisiones sanitarias59. Su relevancia es especialmente notable en el ambito de las ATMP, donde la complejidad científica, los modelos de desarrollo y los procesos regulatorios requieren un mayor nivel de comprensión por parte de los pacientes. A traves de su programa formativo y de recursos como la EUPATI Toolbox, que incluye contenidos especificos sobre ATMP, la iniciativa contribuye a mejorar la alfabetizacion en estas terapias, facilitar la participacion en el diseno de ensayos clínicos y promover la incorporacion de la perspectiva del paciente en procesos regulatorios y de evaluación.
La Figura 3 sintetiza los principales factores éticos y relacionales que influyen en la toma de decisiones del paciente.
Impacto emocional, social y moral
Carga emocional en pacientes, familias y profesionales
En los pacientes de EERR a los que se les ofrece una ATMP como opción terapéutica, la carga emocional no desaparece, sino que cambia de forma: la esperanza de una posible mejoria o incluso “cura” convive con una incertidumbre intensa, un alto esfuerzo logistico, expectativas dificiles de manejar y dilemas morales sobre acceso, riesgo y justicia. Además, se ha visto que esta carga emocional se articula principalmente en cuatro ejes: la incertidumbre, la esperanza, la carga del tratamiento y el miedo a los resultados incompletos o tardios. Los pocos estudios que existen sobre las preferencias de los pacientes respecto a los ATMP sugeren que las características más importantes para ellos son el beneficio clínico, la incertidumbre, el riesgo, la carga del tratamiento y la calidad de vida, independientemente de si se trata de una terapia génica, celular o tisular60. A estos datos se suma que entre 70% y el 90% de las EERR comienzan en la infancia, por lo que muchos pacientes llevan esta carga emocional a cuestas durante casi la totalidad de sus vidas61.
Los familiares y cuidadores de estos pacientes también padecen niveles elevados de estres, una peor salud mental que otros individuos de su edad, una mayor carga del cuidador, mayor presion financiera, y una disminucion de la calidad de vida en general17. En pacientes de EERR tratados con ATMP, esta carga emocional también persiste en las familias, ya que exige organizar la vida alrededor del tratamiento, asumir desplazamientos, monitorizacion estrecha, miedo a complicaciones y expectativas dificiles de calibrar62, por lo que se estan empezando a reivindicar herramientas para su medicion, como es la adaptacion del cuestionario FROM-16, un cuestionario validado de 16 items que mide el impacto de la enfermedad de un paciente en la calidad de vida de su familia y cuidadores, desarrollado inicialmente en el ambito dermatologico y actualmente en proceso de adaptacion a otras patologias, incluidas las EERR63.
En cuánto a los profesionales sanitarios, experimentan una carga emocional particular, caracterizada por una falta de conocimiento consolidado, la escasez de evidencia y la dificultad de orientar a pacientes y familias. A esto se anaden fenómenos más generales pero muy pertinentes, como el moral distress, que en la literatura reciente se asocia con frustracion, culpa, agotamiento emocional y riesgo de burnout cuando el profesional percibe lo que sería correcto hacer pero no puede llevarlo a cabo por barreras estructurales o de recursos64.
Además, tanto el paciente como sus familiares como el profesional sanitario debe afrontar también la posibilidad de que exista una terapia transformadora a la que no puedan acceder por país, centro, financiacion o criterios de inclusion. Esa discrepancia entre lo tecnicamente posible y lo realmente disponible genera un sufrimiento moral en todos los implicados65.
Riesgo de falsas expectativas y dano moral
Las esperanzas generadas por estas ATMP son muy elevadas, pues se conciben como potencialmente transformadoras o incluso curativas de la enfermedad. Sin embargo, a menudo llevan de la mano evidencia limitada, acceso desigual y gran complejidad logistica66. Esta combinacion favorece en pacientes y familias, el riesgo de la transicion desde una esperanza legitima hacia una esperanza no calibrada.
Un estudio centrado en ATMP para EERR neurologicas identifco como principales características de los pacientes y sus familias, un elevado interes por estos tratamientos, pero un nivel bajo de conocimiento y un acceso limitado a información de calidad. Asimismo, observo una alta tolerancia al riesgo, a pesar de la incertidumbre y las lagunas de conocimiento existentes, aspectos que pueden conducir a dano moral67.
En esta linea, Barrett et al. senalaron en un estudio publicado en 2025 sobre terapias génicas y celulares para EERR y ultrarraras que varios programas prometedores fueron abandonados por inviabilidad comercial, incluso tras mostrar resultados iniciales de seguridad y eficacia, dejando a los pacientes con pocas o ninguna opción terapéutica68.
Este contexto pone de manifiesto la necesidad de gestionar de forma responsable las expectativas, garantizando una comunicación transparente y un equilibrio ético entre la promocion de la innovación y la protección de los pacientes frente a riesgos e incertidumbre.
Casos emblematicos de dilemas bioéticos en ATMP. Aitana (España–Italia): acceso a terapia génica y justicia distributiva. Aitana, una paciente española con ADA-SCID, tuvo que desplazarse a Italia para recibir la terapia génica Strimvelis®, ya que era el único centro en Europa donde se administraba. Este caso pone de manifiesto importantes dilemas bioéticos relacionados con la justicia distributiva, al depender el acceso al tratamiento del lugar de residencia, la disponibilidad de centros especializados y la sostenibilidad económica de la terapia. Además, los cambios en el modelo de comercializacion y la transferencia del programa a un entorno no comercial reflejan la complejidad de garantizar el acceso sostenido a este tipo de terapias, poniendo de relieve la tensión entre innovación, acceso y viabilidad a largo plazo en enfermedades ultrarraras.69
Charlie Gard (Reino Unido): autonomia, interes del menor y limites del tratamiento experimental. Charlie Gard, un bebe britanico con una enfermedad mitocondrial grave, fue objeto de un conflicto entre sus padres y el sistema sanitario sobre la posibilidad de acceder a un tratamiento experimental en el extranjero. Mientras que los padres defendian continuar con el tratamiento, los médicos consideraron que no existia evidencia suficiente de beneficio y que prolongar la intervencion no era en el mejor interes del paciente. El caso fue llevado a los tribunales, que finalmente respaldo la decisión médica, priorizando el interes superior del menor frente a la autonomia parental. Este caso ilustra la complejidad de las decisiones en contextos de alta incertidumbre, donde entran en conflicto los principios de autonomia, beneficencia y no maleficencia, así como el papel de las instituciones en la toma de decisiones clínicas.70
Acompanamiento ético y comunicativo
En la práctica clínica, el acompanamiento debe ser ético y comunicativo, evitando caer en los paternalismos médicos. Este acompanamiento ético incluye varias funciones. La primera funcion es hacer comprensible la incertidumbre, pero sin destruir la esperanza: explicar que se sabe, que no se sabe, que resultados son plausibles y que limites tiene la evidencia. La segunda es sostener la deliberacion con pacientes y familias cuando no haya una opción obviamente correcta. La tercera es ofrecer una continuidad relacional, es decir, no reducir el proceso a una conversacion puntual de consentimiento, sino mantener apoyo antes del tratamiento, durante el seguimiento y ante posibles resultados incompletos o adversos71.
Además, EURORDIS (Organización Europea de Enfermedades Raras) sostiene que las personas con EERR y sus familias deberian tener acceso a atencion psicosocial cuando la necesiten, y recuerda que esto no suele estar integrado de forma estandar en la atencion médica, lo que subraya la relevancia de estos aspectos en la toma de decisiones éticas en este ambito72.
La Figura 4 esquematiza el recorrido bioético a lo largo de las distintas fases de desarrollo de los medicamentos, desde la investigación clínica hasta su prescripcion en la práctica asistencial.
Gobernanza, regulacion y responsabilidad pública en terapias avanzadas
La incorporacion de las ATMP en la práctica clínica no es unicamente un reto científico o asistencial, sino también un desafio de gobernanza que exige marcos regulatorios solidos y una clara responsabilidad pública. En el contexto de las EERR, donde la evidencia es limitada, los costes elevados y la necesidad médica urgente, las decisiones sobre financiacion, acceso y uso de estas terapias trascienden el ambito clínico individual y adquieren una dimension colectiva.
FIGURA 4. RECORRIDO BIOÉTICO A LO LARGO DEL DESARROLLO Y ACCESO A ATMP
El marco regulatorio europeo, articulado en torno al Reglamento 1394/2007 y complementado por otras normativas como el Reglamento 726/2004, ha permitido establecer criterios para la evaluación, autorización y seguimiento de las terapias avanzadas. Sin embargo, la creciente complejidad de estas intervenciones y la flexibilidad introducida en los procesos de aprobación (como las autorizaciones condicionales o los programas de acceso temprano antes comentados) hacen necesario reforzar los mecanismos de gobernanza que aseguren decisiones coherentes, transparentes y eticamente justificables.
En este sentido, la responsabilidad pública implica no solo garantizar la seguridad y eficacia de los tratamientos, sino también velar por su equidad en el acceso, su sostenibilidad y su alineacion con los valores del sistema sanitario. Esto requiere integrar de forma explicita principios bioéticos, especialmente la justicia distributiva, en los procesos de evaluación y financiacion, así como promover una mayor transparencia en los criterios de priorización y asignacion de recursos.
Asimismo, resulta fundamental avanzar hacia marcos éticos explicitos que orienten la incorporacion de estas terapias en condiciones de alta incertidumbre. Estos marcos deben contemplar no solo la evidencia clínica disponible, sino también el grado de necesidad médica no cubierta, el impacto en la calidad de vida, las implicaciones sociales, la generación de evidencia en práctica clínica real para reducir la incertidumbre y la participacion de los pacientes en la toma de decisiones.
La complejidad de las ATMP requiere marcos regulatorios robustos que aseguren coherencia, transparencia y criterios éticos en su incorporacion al sistema.
Finalmente, una gobernanza adecuada de las ATMP debe apoyarse en la colaboración entre reguladores, clínicos, pacientes, industria y decisores públicos, promoviendo modelos de decisión compartida también a nivel institucional. Solo a traves de este enfoque integrador sera posible garantizar que la innovación terapéutica se incorpore de manera ética, equitativa y sostenible en los sistemas de salud.
Implicaciones prácticas y lineas de mejora
A partir del análisis realizado, se proponen las siguientes recomendaciones orientadas a mejorar la toma de decisiones éticas en el ambito de las ATMP para EERR.
En primer lugar, es fundamental reforzar la calidad de la información proporcionada a los pacientes, asegurando que incluya no solo beneficios y riesgos, sino también el grado de incertidumbre, las alternativas disponibles y los limites del conocimiento. Esto debe ir acompanado de herramientas que faciliten la comprensión y la toma de decisiones informadas.
En segundo lugar, se recomienda promover modelos de decisión compartida y autonomia relacional, especialmente en contextos de alta complejidad clínica, incorporando activamente a pacientes, familias y cuidadores en el proceso deliberativo.
Asimismo, resulta necesario integrar el apoyo psicosocial como parte estructural de la atencion, tanto para pacientes como para familiares, con el fin de abordar el impacto emocional, gestionar expectativas y reducir el riesgo de dano moral.
Desde una perspectiva organizativa, se deberia potenciar el papel de los Comites de ética asistencial, favoreciendo su participacion en decisiones clínicas complejas como el acceso temprano, la exencion hospitalaria o la selección de pacientes, y avanzar hacia una mayor armonizacion de su funcionamiento.
En el ambito regulatorio, se recomienda reforzar los mecanismos de generación de evidencia post-autorización, incluyendo el uso sistematico de datos en vida real, con el objetivo de reducir la incertidumbre asociada a estas terapias y mejorar la evaluación del balance beneficio-riesgo a lo largo del tiempo.
Finalmente, es imprescindible avanzar en políticas que garanticen la equidad en el acceso a las ATMP, abordando las desigualdades entre países, centros y sistemas de financiacion, y asegurando que la innovación terapéutica se traduzca en beneficios reales para todos los pacientes.
Conclusiones
Bioética transversal: un eje clave en las terapias avanzadas. Equilibrio entre esperanza e incertidumbre; puente entre innovación científica y dignidad del paciente. Tres pilares de la medicina regenerativa (terapia génica, terapia celular, ingenieria de tejidos), cuatro principios éticos fundamentales (beneficencia, no maleficencia, autonomia, justicia) y la justicia distributiva y sostenibilidad sistemica como criterios objetivos para garantizar acceso equitativo no dependiente del codigo postal.
Las ATMP han transformado el abordaje de las EERR, desplazando el modelo tradicional centrado en el manejo sintomático hacia intervenciones dirigidas a la base fisiopatologica de la enfermedad. Sin embargo, este avance científico se acompana de una mayor complejidad clínica, regulatoria y, especialmente, ética, derivada de la incertidumbre sobre la evidencia, los riesgos a largo plazo y la sostenibilidad de su implementacion.
En este contexto, la toma de decisiones no puede basarse unicamente en criterios técnicos, sino que requiere integrar de forma equilibrada los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomia y justicia. La necesidad de facilitar el acceso temprano a tratamientos potencialmente beneficiosos debe ponderarse con la obligacion de minimizar riesgos, garantizar una información adecuada y promover una distribución equitativa de los recursos.
Asimismo, la autonomia del paciente adquiere una dimension más compleja, que exige avanzar hacia modelos de decisión compartida y autonomia relacional, especialmente en escenarios de alta incertidumbre. Garantizar una participacion real del paciente implica no solo proporcionar información, sino también gestionar expectativas, abordar el impacto emocional y adaptar el consentimiento informado a un proceso dinamico y contextualizado.
Por otro lado, el papel de los Comites de ética, tanto de investigación como asistenciales, resulta esencial para garantizar la adecuacion ética de las decisiones en estos entornos, actuando como mecanismos de protección y deliberacion ante situaciones donde la evidencia es limitada y los valores en conflicto son frecuentes.
Finalmente, las ATMP ponen de manifiesto la necesidad de incorporar una perspectiva ética transversal que no solo acompane al desarrollo científico, sino que también oriente la toma de decisiones clínicas, regulatorias y sociales. En este sentido, el desafio no reside unicamente en desarrollar nuevas terapias, sino en asegurar que su implementacion sea ética, equitativa y centrada en el paciente.
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newsRARE · En profundidad · Vol 11 Núm 1 · Mayo 2026
Consideraciones clave para un acceso expandido ético y equitativo a las terapias avanzadas en fase de investigación
Néboa Zozaya González
Científica titular en la Escuela Nacional de Sanidad – Instituto de Salud Carlos III
International Society for Cell & Gene Therapy Expanded Access Working Group position paper: key considerations to support equitable and ethical expanded access to investigational cell- and gene-based interventions. Elena Maryamchik E, Ikonomou L, Roxland BE, Grignon F, Levine BL, Grilley BJ; ISCT Committee on the Ethics of Cell and Gene Therapy Expanded Access Working Group. Cytotherapy 2025 Jun;27(6):671-677.
Resumen
Este documento de posición elaborado por el grupo de trabajo sobre acceso expandido de la International Society for Cell & Gene Therapy (ISCT) aborda los desafíos éticos, regulatorios y operativos asociados al acceso ampliado o expandido a terapias celulares y génicas en investigación en Estados Unidos. El documento busca establecer principios y recomendaciones para garantizar que el acceso ampliado se realice de forma equitativa, ética y científicamente responsable. Para ello, propone un marco conceptual con varios ejes centrales:
Delimitación conceptual. El acceso expandido se presenta como un mecanismo excepcional de acceso a terapias todavía no aprobadas para pacientes con enfermedades graves o potencialmente mortales que no disponen de alternativas terapéuticas y que no pueden participar en ensayos clínicos. El documento insiste en que esta vía no debe erosionar el desarrollo de los ensayos clínicos ni sustituir los mecanismos regulatorios estándar. Tampoco se debe usar como herramienta comercial de productos todavía no comercializados.
Criterios de elegibilidad y selección de pacientes candidatos. Se aboga por que estos criterios sean explícitos, transparentes y clínicamente justificables. Se advierte contra decisiones ad hoc o basadas en presión mediática o capacidad de influencia. Asimismo, se señala la necesidad de mecanismos que minimicen inequidades en el acceso entre pacientes con características similares.
Consentimiento informado y comunicación con los pacientes. El documento enfatiza la importancia de un proceso de consentimiento reforzado en el que el médico informe al paciente de manera didáctica sobre los riesgos e incertidumbres asociados al producto, así como de otras posibles consecuencias no médicas. Se recomienda evitar mensajes que puedan generar falsas expectativas al paciente y garantizar que la decisión sea autónoma y bien informada.
Recogida de datos. Aunque el acceso expandido no es investigación clínica en sentido estricto, el grupo aboga por la recopilación sistemática de datos de seguridad y resultados clínicos, ya que pueden aportar información valiosa. La calidad, integridad y transparencia en la gestión de estos datos forman parte de la responsabilidad ética de los desarrolladores e investigadores.
Aspectos económicos. El documento analiza la posibilidad de recuperar costes directos asociados a la fabricación y administración del producto. Cualquier recuperación por parte del promotor debe limitarse a unos costes razonables y claramente justificados, evitando que el acceso expandido se convierta en una forma de comercialización prematura. Asimismo, se enfatiza que la capacidad económica del paciente no debe condicionar el acceso.
Inequidades en el acceso expandido. El texto identifica riesgos estructurales de desigualdad que pueden amplificarse en el ámbito de las terapias celulares y génicas, debido a su complejidad técnica, elevado coste y concentración en centros altamente especializados, advirtiendo que el acceso expandido puede favorecer a pacientes de mayor nivel socioeconómico, atendidos en hospitales de referencia. Se aboga por establecer criterios públicos y transparentes de elegibilidad, aplicados de forma consistente, y evitar decisiones basadas en presiones externas o en la capacidad individual de influencia.
Finalmente, el documento ofrece a los profesionales sanitarios norteamericanos un listado de recursos de información útiles para poder aconsejar a los pacientes de forma confiable sobre sus opciones respecto al acceso expandido.
Comentario
El documento de posición de la ISCT constituye una aportación relevante en un momento en el que las terapias avanzadas están transformando el panorama biomédico global. Aunque impulsado desde un contexto norteamericano, el documento es en gran medida extrapolable a cualquier sistema sanitario avanzado porque la mayoría de los dilemas que aborda son estructurales y globales.
En nuestro contexto, el «acceso expandido» equivale al concepto de uso compasivo, figura regulada en la Unión Europea y aplicada en España bajo la supervisión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. El Real Decreto 1015/2009 establece tres vías excepcionales de acceso a medicamentos en situaciones especiales: el uso compasivo de medicamentos en investigación para pacientes concretos en situaciones clínicas no cubiertas; el uso de medicamentos autorizados en condiciones distintas a las recogidas en su ficha técnica (off-label); y el acceso a medicamentos no autorizados en España pero comercializados legalmente en otros países.
Las terapias avanzadas intensifican los desafíos asociados a estas vías de acceso excepcional. Su elevada complejidad técnica, los altos costes de desarrollo y producción, la limitada evidencia clínica inicial y la creciente presión social crean un escenario en el que las decisiones clínicas y regulatorias adquieren una fuerte dimensión ética.
La bioética se fundamenta en cuatro principios básicos: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, que pueden aplicarse de manera específica al análisis ético de las terapias avanzadas y las enfermedades raras.
Beneficencia: las intervenciones deben buscar un beneficio real para el paciente. Esto implica que el acceso a terapias experimentales se base en una justificación científica razonable, con datos preclínicos sólidos y, cuando sea posible, evidencia preliminar en humanos que permita estimar su potencial terapéutico. En enfermedades ultra-raras, esto no siempre es posible.
No maleficencia: se debe evitar causar daño innecesario. El diagnóstico tardío, frecuente en enfermedades raras, puede resultar maleficente al conducir a tratamientos inadecuados o ineficaces. Además, las terapias avanzadas conllevan riesgos relevantes y a veces desconocidos, sobre todo a largo plazo, por lo que el balance riesgo-beneficio debe evaluarse con especial cautela.
Autonomía: los pacientes deben poder tomar decisiones libres e informadas sobre su tratamiento. En enfermedades raras, la escasez de información, la incertidumbre y la presión emocional derivada de la falta de alternativas terapéuticas pueden dificultar esta autonomía. Por ello, el consentimiento debe ser verdaderamente informado, explicando rigurosamente la incertidumbre, los posibles riesgos y la posibilidad de falta de eficacia. Este principio también incluye el derecho a saber o a no saber su información genética.
Justicia: equidad en el acceso a tratamientos innovadores y protección frente a discriminaciones. Los altos costes y las dificultades logísticas de las terapias avanzadas pueden limitar el acceso a pacientes con mayores recursos económicos o a determinadas regiones geográficas. Los sistemas sanitarios deben promover mecanismos que aseguren una selección de pacientes justa y equitativa, con criterios transparentes.
Otro aspecto relevante del debate ético se refiere al valor del conocimiento generado a partir de estas intervenciones. Aunque el uso compasivo tiene como objetivo principal el beneficio directo del paciente y no la generación de evidencia científica, ofrecer tratamientos experimentales sin recoger datos relevantes supone perder una oportunidad de mejorar el conocimiento médico. Desde esta perspectiva, la recopilación sistemática de información clínica podría contribuir a mejorar la evaluación de estas terapias y beneficiar a futuros pacientes. No obstante, esta transición hacia modelos híbridos entre tratamiento e investigación ha suscitado debates que advierten del riesgo de desvirtuar la finalidad original del uso compasivo. El position paper propone precisamente un equilibrio: aprovechar la información generada sin convertir el acceso ampliado en un ensayo clínico encubierto.
La Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, actualmente en proceso de actualización, subraya la necesidad de garantizar el acceso equitativo al diagnóstico y al tratamiento, reforzar los centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) y mejorar la coordinación interterritorial. Aunque esta estrategia no regula específicamente el uso compasivo, sí establece principios esenciales para su gobernanza, como la evaluación rigurosa de la innovación, la cohesión territorial y la sostenibilidad del sistema. En este marco, ha cobrado fuerza la propuesta de crear mecanismos de asesoramiento especializados que permitan armonizar las decisiones sobre medicamentos huérfanos y terapias avanzadas entre comunidades autónomas, reduciendo la variabilidad y fortaleciendo la equidad en el acceso.
Algunas regiones han desarrollado iniciativas particularmente relevantes en este ámbito. Por ejemplo, la red impulsada por el Servei Català de la Salut ha establecido circuitos específicos para el acceso a medicamentos huérfanos y terapias innovadoras, incluyendo programas de uso compasivo con criterios claros y procedimientos centralizados. Paralelamente, el modelo nacional de terapias CAR-T se ha consolidado como una referencia europea por su enfoque coordinado, basado en la designación de centros acreditados y la evaluación clínica centralizada.
En resumen, el position paper de la ISCT ofrece un marco sólido para reflexionar sobre el acceso ampliado a terapias celulares y génicas, subrayando la necesidad de equilibrar innovación, seguridad y justicia social. Para que estos programas sean éticamente aceptables, deben garantizar que el beneficio potencial justifique los riesgos, que el paciente no disponga de alternativas terapéuticas razonables, que el consentimiento informado se obtenga de manera rigurosa y que los datos clínicos derivados de estos casos se registren y compartan de forma responsable. A ello se suma la importancia de una gobernanza coordinada entre reguladores, centros clínicos y comités éticos, que permita decisiones transparentes y homogéneas en todo el territorio.
Disparidades en el acceso a la terapia génica en la Unión Europea: desafíos éticos y regulatorios
Jorge Mestre-Ferrándiz
Director de Strategic Intelligence & Policy Research en Weber España
Reckelbus M, Mohan R, Locquet P, Van Steijvoort E, Huys I, Borry P. Disparities in access to gene therapy in the European Union: ethical and regulatory challenges. J Law Biosci. 2025 Sep 30;12(2):lsaf018.
Resumen
El artículo analiza las desigualdades en el acceso a las terapias génicas dentro de la Unión Europea (UE), poniendo el foco en los retos éticos y regulatorios que estas generan. Las terapias génicas representan uno de los avances más prometedores de la medicina moderna, con potencial curativo para enfermedades genéticas hasta ahora intratables. Sin embargo, su acceso equitativo sigue siendo limitado.
El marco regulador europeo, liderado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), establece un sistema centralizado de autorización que garantiza altos estándares de seguridad, calidad y eficacia. Este sistema se complementa con mecanismos como la autorización condicional, los procedimientos acelerados o el programa PRIME. Además, existen vías alternativas como la «exención hospitalaria» (permite a los hospitales administrar terapias génicas sin autorización de comercialización bajo condiciones específicas) y los programas de uso compasivo (ofrecen una opción para que pacientes con enfermedades potencialmente mortales que no pueden participar en ensayos clínicos accedan a terapias antes de la autorización de comercialización), diseñadas para facilitar el acceso en situaciones urgentes.
A pesar de estos instrumentos, el artículo identifica importantes barreras. En primer lugar, el elevado coste de estas terapias, que puede alcanzar entre uno y dos millones de euros por paciente, limita su disponibilidad, especialmente en países con menos recursos. En segundo lugar, existen importantes desigualdades geográficas debido a la fragmentación de los sistemas sanitarios y las diferencias en financiación, infraestructuras y políticas de reembolso entre los Estados miembros.
El texto también examina el papel de las evaluaciones de tecnologías sanitarias (ETS) y de la Directiva de asistencia sanitaria transfronteriza, señalando que, aunque buscan mejorar el acceso, su impacto es limitado por obstáculos administrativos, financieros y logísticos.
Finalmente, el artículo concluye que el marco actual, aunque sólido en términos regulatorios, resulta insuficiente para garantizar un acceso equitativo. Propone avanzar hacia una mayor coordinación europea, mejorar la transparencia en precios y reforzar mecanismos que reduzcan las desigualdades entre países y regiones, como, por ejemplo, establecer directrices más claras para las vías alternativas ya comentadas.
Comentario
El artículo aborda un tema crucial en la intersección entre innovación biomédica y justicia social: cómo garantizar que los avances científicos no profundicen las desigualdades existentes. Su principal valor reside en evidenciar una paradoja central del sistema europeo: mientras la UE ha logrado armonizar con éxito la evaluación científica de las terapias génicas y, de facto, ha introducido medidas para favorecer su desarrollo, ha fracasado en garantizar un acceso equitativo a las mismas entre los países miembros, que son los que tienen que financiar con sus recursos este acceso.
El artículo expone cómo el alto coste por paciente es una de las barreras importantes, y, por lo tanto, el artículo acierta al vincular la cuestión económica con principios éticos como la justicia distributiva y la solidaridad.
Pero las razones van más allá del precio. Así, la falta de coherencia en la aplicación de las otras vías alternativas disponibles (exención hospitalaria y uso compasivo) no solo genera inequidades, sino también incertidumbre para pacientes y profesionales. Al final, estos procesos se podrían considerar «parches» a un problema de alto calado.
Sin embargo, el texto podría profundizar más en posibles soluciones concretas. Aunque menciona la necesidad de mayor coordinación y nuevos modelos de financiación, no desarrolla en detalle alternativas como compras conjuntas europeas, fondos solidarios, reformas más ambiciosas del sistema de propiedad intelectual, o financiar estas terapias a través de pagos plurianuales, donde el coste para los sistemas sanitarios se aplaza a lo largo del tiempo (y en función de resultados) sin tener que desembolsar su coste en un solo plazo. Este sería un paso importante para pasar del diagnóstico a la propuesta.
En conjunto, el artículo ofrece una reflexión rigurosa y oportuna sobre los límites del modelo actual. Su mensaje es claro: el verdadero reto ya no es desarrollar terapias innovadoras, sino garantizar que estas lleguen a quienes las necesitan en condiciones de equidad.
newsRARE · Revisión de artículos · Vol 11 Núm 1 · Mayo 2026
Magistrado (E. V.). Miembro del Comité de Bioética de España.
Desde su experiencia como jurista en el Comité de Bioética de España, ¿cuáles son los principales retos legales y bioéticos que están emergiendo con las terapias avanzadas en enfermedades raras?
AP: Bueno, realmente desde una perspectiva jurídica y bioética, los problemas que plantean las enfermedades raras no son esencialmente distintos de los del resto de enfermedades. Es cierto que difieren en su estructura o en los objetivos que se persiguen, pero, en el fondo, las cuestiones de base son las mismas.
En todos los casos se trata de determinar cómo los avances científicos pueden ser admitidos y con qué alcance, tanto en el ámbito de la investigación como en el de sus límites, que es precisamente donde interviene la bioética.
Lo que ocurre es que, por su propia naturaleza, las enfermedades raras exigen un mayor esfuerzo en términos de investigación. Y, si se me permite la expresión, casi en tono de broma, podría decirse que, así como las enfermedades son raras, también lo es la investigación que se asocia a ellas.
En la práctica, ¿qué cuestiones ético-jurídicas ve más delicadas en el acceso temprano, el uso compasivo y las decisiones cuando la evidencia es todavía limitada?
AP: Realmente, la cuestión fundamental es determinar en qué momento prevalece el valor de la salud futura o la salud de las personas frente al uso de los tratamientos y la investigación, que plantean importantes dilemas.
Actualmente hay debates sobre los límites de la utilización de determinados órganos de personas que están clínicamente muertas, pero que todavía no lo están completamente. La cuestión central es decidir en qué momento la investigación puede ser más eficaz para resolver problemas y cuándo debemos dar paso a intervenciones que hasta ese momento no habíamos considerado.
¿Qué exigencias debería cumplir un procedimiento de decisión (plazos, motivación, recursos/revisión, consistencia) para reducir arbitrariedad?
AP: Sin lugar a duda, este es uno de los grandes debates. Desde nuestra perspectiva como juristas, hemos centrado históricamente la atención en el consentimiento. El problema es que, en muchos de los supuestos que mencionábamos antes, el consentimiento otorgado por la persona directamente afectada, o por quienes la rodean, presenta características especiales: requiere información clara, motivación adecuada y, probablemente, facultades de revisión y consistencia, como hemos visto en debates recientes sobre eutanasia.
Por tanto, desde nuestro punto de vista, el gran desafío es cómo adaptar el consentimiento habitual a estas situaciones de investigación «agresiva», en el sentido de que son intervenciones muy potentes desde el punto de vista científico y de cumplimiento de objetivos. Esto implica equilibrar y compensar el valor individual del consentimiento con su utilización en el contexto de la investigación.
En el contexto de las EERR, el consentimiento informado debe adaptarse a investigaciones intensivas, equilibrando la autonomía del paciente con los objetivos científicos.
En caso de eventos adversos o resultados inesperados, ¿cómo se articula la responsabilidad y qué importancia tiene la trazabilidad y farmacovigilancia?
AP: Con esta pregunta estamos entrando en un ámbito distinto: cómo utilizar un ensayo clínico o cómo traducirlo a la práctica médica. La característica central de la investigación es que no se centra en el resultado, sino en el deber de aplicar las mejores técnicas y prácticas disponibles para alcanzar un objetivo, que en sí mismo puede ser revolucionario desde el punto de vista conceptual.
Por el contrario, cuando hablamos de farmacovigilancia o de la conexión con un medicamento o una práctica quirúrgica, las responsabilidades son más claras. En estos casos, deberían aplicarse los regímenes habituales de responsabilidad civil o, según corresponda, de responsabilidad profesional, tanto colegial como funcionarial en el caso de estatutarios.
¿Qué recomendaciones daría para contratos/acuerdos con garantías: acceso, seguimiento, protección de datos y rendición de cuentas?
AP: Esta cuestión se refiere a cómo articular los contratos o acuerdos con quienes desean incentivar o participar en la investigación. Los elementos fundamentales son el respeto a la protección de datos, a la intimidad y a la vinculación con la finalidad concreta del tratamiento de la información, que es el principio central de la protección de datos. Son aspectos cruciales para la correcta utilización de estos acuerdos o contratos.
La pregunta es si debe existir una garantía específica de protección de datos: de terceros, de personas fallecidas e incluso de la propia rendición de cuentas. Esta última debe estar orientada al cumplimiento del objetivo del proyecto y al uso de las mejores técnicas disponibles para alcanzar dicho objetivo.
En acuerdos de financiación condicionada, riesgo compartido o evaluaciones dinámicas, ¿qué estándares de transparencia deberían exigirse (criterios de elegibilidad, resultados, toma de decisiones) para mantener confianza pública?
AP: Creo que la confianza pública se sostiene sobre dos elementos fundamentales:
En primer lugar, el criterio de elegibilidad. La admisión de investigaciones y ensayos clínicos debe basarse en criterios científicos sólidos y contrastados. No puede ser una ocurrencia individual, sino que debe depender de la relación entre la investigación y el objetivo que se pretende alcanzar, así como de la conexión específica con el tipo de enfermedad que se busca prevenir o tratar. La elegibilidad requiere, por tanto, una validación científica previa, clara e indiscutible.
En segundo lugar, la transparencia en los resultados obtenidos, especialmente los parciales, es clave. La sociedad debe conocer que la investigación está cumpliendo con los objetivos planteados y evaluando críticamente los supuestos fundamentales que guiaron su elección.
Es cierto que la transparencia puede modularse hasta cierto punto, por factores como la protección de los resultados, la propiedad intelectual o compromisos relacionados con la innovación. Sin embargo, la confianza pública se construye sobre la certeza de que se eligieron adecuadamente los objetivos y de que los resultados, en la medida de lo posible, se comunican con rigor y honestidad.
Si tuviera que priorizar una reforma o recomendación normativa/organizativa para los próximos años, ¿qué cambiaría para que las terapias avanzadas se integren con más seguridad jurídica, equidad y sostenibilidad?
AP: Las terapias avanzadas, desde un punto de vista clínico, requieren también reconsiderar si el marco de análisis de ensayos clínicos y de las propias terapias está correctamente definido. Es decir, si los límites entre lo que es mera investigación y lo que constituye una terapia están claros, o si, por el contrario, sería necesario redefinirlos.
Hay que entender que la terapia aporta un valor directo vinculado a la persona humana, ofreciendo un tratamiento que, en muchos casos, se basa únicamente en los primeros avances científicos y aún no está consolidado; de lo contrario, ya habría sido incorporado de manera rutinaria.
Por tanto, la ponderación de intereses y riesgos probablemente exige revisar si la línea que separa investigación de terapia está suficientemente trazada, o si conviene reformularla para avanzar en el desarrollo terapéutico, asegurando al mismo tiempo la prevención de riesgos y la seguridad jurídica en su aplicación.
Seguridad jurídica en terapias avanzadas: retos principales y reforma prioritaria.
Prudencia, justicia y cuidado: la condición humana de la innovación
Isolina Riaño Galán
Vicepresidenta del Comité de Bioética de España. Especialista en Pediatría en la Unidad de Endocrinología y Diabetes Infantil del Área de Gestión Clínica de Infancia y Adolescencia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Profesora titular de Pediatría. Universidad de Oviedo.
Como pediatra con más de 30 años de asistencia clínica, docencia e investigación en el ámbito de las enfermedades raras, ¿cuáles son hoy los principales dilemas éticos que introducen las terapias avanzadas en enfermedades raras? ¿Y qué aspectos considera que no se están abordando todavía con la suficiente profundidad o anticipación?
IR: Las terapias avanzadas nos sitúan en un escenario apasionante que demanda prudencia y responsabilidad ética, porque cuando hablamos de enfermedades raras hablamos de niños, de niñas con nombres y apellidos: Lola, Irene, Mateo, Rubén; con gran vulnerabilidad e incertidumbre, y de familias agotadas por años de búsqueda diagnóstica. Y, de repente, aparece una terapia génica, celular personalizada que promete cambiarlo todo.
El primer problema ético es la justicia, porque son tratamientos extraordinariamente caros, dirigidos a muy pocas personas, en sistemas sanitarios con recursos limitados. ¿Y cómo priorizamos sin generar desigualdades? ¿Qué dejamos de financiar cuando invertimos millones en un solo tratamiento? La tensión entre equidad y eficiencia, que ya existía en las enfermedades raras, se vuelve mucho más intensa con estas nuevas terapias.
El segundo gran problema ético, en mi opinión, es la incertidumbre, porque la evidencia suele ser limitada. Los ensayos incluyen a pocos pacientes y el seguimiento es corto. Sabemos que puede funcionar, pero no siempre; no sabemos cuánto, durante cuánto tiempo o con qué efectos a largo plazo, y aun así tenemos que decidir. Quizá lo que menos estamos abordando es, precisamente, el impacto a largo plazo en el desarrollo de esa niña, de ese niño, en su autonomía futura, en la sostenibilidad del sistema. Y también estamos hablando poco de cómo gestionar éticamente la esperanza cuando la terapia se vive como la única oportunidad.
¿Cómo se aplica el principio del «interés superior del menor» cuando existen urgencias clínicas, evidencia limitada y decisiones que pueden tener consecuencias a largo plazo?
IR: El interés superior del menor no es sinónimo de maximalismo terapéutico; es decir, no significa hacer todo lo posible. Aplicarlo bien exige preguntarse: ¿esto realmente le beneficia? ¿Qué riesgos estamos asumiendo? ¿Qué sabemos y qué no sabemos? Y, sobre todo, ¿estamos actuando desde la prudencia o desde el miedo?
Cuando hay urgencia y la evidencia es limitada, el interés superior se convierte en un ejercicio de equilibrio y de prudencia, no es abandonar, pero tampoco es intervenir sin una reflexión profunda.
Además, la voz del menor debe estar presente en función de su edad, de su madurez y del tipo de decisión que estamos tomando: no podemos hablar de su futuro sin escucharle.
En el ámbito pediátrico, ¿qué buenas prácticas recomendaría para garantizar un consentimiento informado sólido (y el adecuado asentimiento del menor cuando proceda) en situaciones de alta complejidad, caracterizadas por la incertidumbre clínica, riesgos aún desconocidos, elevadas expectativas familiares y presión temporal?
IR: El consentimiento informado no puede ser un mero trámite nunca, pero mucho menos aquí. El consentimiento informado es un proceso. Las familias llegan con miedo, con esperanza, con una carga emocional enorme. Nuestra responsabilidad es ofrecer información clara, honesta y comprensible; decir qué sabemos y también qué no sabemos; y diferenciar evidencia sólida de expectativas razonables.
Es fundamental dar tiempo, aunque sea poco; ofrecer espacios de deliberación; incluso apoyo psicológico en paralelo. Y, en el caso de los niños y adolescentes, explicarles lo que ocurre de forma adecuada a su edad. El asentimiento es importante, y conviene recalcar que no es algo simbólico: es una forma de reconocer su dignidad.
Por lo tanto, hablaríamos de toma de decisiones compartida: un término que no es un eslogan, sino una necesidad ética. Es decir, una toma de decisiones compartida en la que participen el menor y la familia, y también los profesionales implicados en la atención de este niño, de esta niña.
Cuando el tiempo es limitado y las opciones terapéuticas tienen bajo margen de reversibilidad, ¿cómo se deben tomar las decisiones clínicas en pediatría? ¿Qué papel juega el principio de proporcionalidad terapéutica en la evaluación de riesgos y beneficios?
IR: Cuando hablamos de terapias irreversibles, la palabra clave es la proporcionalidad, porque no todo lo técnicamente posible es éticamente adecuado. Hay que valorar la gravedad de la enfermedad, la probabilidad real de beneficio, los riesgos conocidos y desconocidos, el impacto en la calidad de vida y la carga para el menor y para la familia.
La proporcionalidad nos obliga a preguntarnos: ¿el beneficio esperado compensa razonablemente el riesgo? Y esa pregunta debe formularse en equipo, de manera colegiada, especialmente en pediatría, porque decidir con prudencia no es frenar el avance: es hacerlo de forma responsable.
Doctor en Derecho y Profesor Propio Ordinario (Catedrático) de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas, ICADE. Fue Presidente del Comité de Bioética de España (2018-2022).
Desde su perspectiva de derecho constitucional y bioética, ¿qué derechos y principios del Estado social, igualdad, dignidad, protección de la salud, están más en tensión con el despliegue de terapias avanzadas en enfermedades raras?
FM: Hay que recordar que la Constitución española, hace muchos otros textos, recoge expresamente el derecho a la protección de la salud, que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero también hay que recordar que se trata de un derecho social, no un derecho fundamental, y eso significa que los poderes públicos, tanto el Parlamento como el Gobierno, tienen facultades para determinar hasta dónde llega esa protección. La protección a la salud o el derecho a la salud no significa que el Estado pueda garantizarnos la salud, porque depende de hechos completamente ajenos al Estado, pero sí que ponga a nuestra disposición una serie de medios, tratamientos, para tratar de conservar y preservar nuestra salud. Como es un derecho social y el Estado tiene esa posibilidad de configurarlo, es aquí donde surge el gran problema, cómo distribuimos los recursos sanitarios, porque el todo para todos es imposible y ahí es donde entran en juego los principios éticos y legales, en la distribución de recursos sanitarios.
En el caso de las terapias avanzadas y concretamente las enfermedades raras, el problema que se plantea desde la perspectiva ético legal es que estamos ante enfermedades que normalmente afectan a un grupo minoritario de la sociedad y eso habitualmente opera en contra de ese grupo minoritario. Tenemos la tendencia a resolver estas cuestiones sobre la base de una teoría, que es útil (como el propio nombre de la teoría indica), pero que es insuficiente, que es el utilitarismo: el mayor beneficio para el mayor número de personas. Si el modelo de distribución de recursos lo basamos en el mayor beneficio para el mayor número de personas, las enfermedades minoritarias quedarían prácticamente fuera. Dice un autor italiano que, con el utilitarismo, el mayor beneficio para el mayor número de personas, que lo que tiene muy en cuenta es la eficiencia, pierden los de siempre.
Lo que hay que hacer es combinar, desde el punto de vista ético-legal en la distribución de recursos, en la determinación de qué es ese derecho a la protección de la salud, diferentes principios o teorías. El utilitarismo es una teoría que es importante y se usa habitualmente, pero junto a ella, por ejemplo, hay que considerar, la equidad. Si aplicamos un principio de igualdad, la igualdad a las personas que están en una situación desigual a los demás de origen, como pueden ser aquellos que tienen enfermedades más minoritarias, se verían perjudicados por una decisión igualitaria. Por lo tanto, en este tipo de ámbitos como son las enfermedades raras y las terapias avanzadas, la equidad también tiene una especial relevancia.
También el principio de protección frente a la vulnerabilidad y también el principio de protección de la infancia, de manera que lo que se hace normalmente es combinar todos ellos y, a través de la combinación de ellos, establecer unos criterios para determinar qué se puede dar, cuándo y a quiénes prioritariamente. Tenemos un buen aprendizaje durante la pandemia con la priorización en el acceso a las vacunas. En España, nos llegaron 500.000 vacunas y estamos hablando de una población vacunable en ese momento en torno a 20.000.000 personas. Había que decidir a quién se vacunaba primero. El criterio que se utilizó entonces, que puede ser útil para otros campos como el que estamos comentando, fue el de vincular o combinar, como decía antes, utilitarismo (el mayor beneficio), protección de la vulnerabilidad, contexto también socioeconómico, protección de la infancia, equidad; una serie de principios; combinándolos se puede llegar a determinar a quién se le da.
Estamos hablando de un campo que tiene un coste importante (el de las terapias avanzadas) que afecta a veces a grupos minoritarios, pero esto no puede determinar que siempre queden excluidos por el coste y por su condición de grupo minoritario. En nuestro derecho y en nuestra ética hay herramientas suficientes para resolverlo, pero no se trata de una cuestión sencilla. La última idea que quiero comentar es que no debemos basarlo todo en el utilitarismo, en la eficiencia. El utilitarismo es un buen criterio, pero nunca un criterio único. Como criterio único genera habitualmente inequidad e injusticia.
Si el modelo de distribución de recursos lo basamos en el mayor beneficio para el mayor número de personas, las enfermedades minoritarias quedarían prácticamente fuera.
Cuando una decisión de financiación o acceso es negativa o está condicionada, ¿qué requisitos debería cumplir para ser legítima y aceptable socialmente: motivación, evidencia, consistencia, participación, revisabilidad?
FM: En España, esto está jurídicamente bien resuelto. En la práctica, muchas veces no se está cumpliendo y últimamente cada vez menos, y es uno de los problemas que también hay que denunciar. Está bien resuelto formalmente porque nuestra Constitución establece un principio que hay personas que no conocen, pero es importante: el principio de interdicción de la arbitrariedad, que significa que toda decisión de los poderes públicos, como puede ser la decisión de financiación de determinados fármacos, debe estar motivada, es decir, debe estar basada en una serie de criterios para no ser considerada arbitraria. Si la decisión pública de financiación no está suficientemente motivada, esa decisión se considera arbitraria y, por lo tanto, es radicalmente nula. ¿Qué significa que esté motivada y que no sea arbitraria? Pues que atienda a diferentes elementos, por ejemplo: el criterio de expertos, independientes y que no solo pertenezcan a un campo (el campo, por ejemplo, de las ciencias médicas), sino también a otros campos como el campo de la economía, el campo de la ética, el campo del derecho o el campo de la sociología.
Muchas veces, lo que funciona a la hora de tomar decisiones para demostrar que hay motivación y, por tanto, no hay arbitrariedad (no decido lo que yo quiero porque yo quiero; los poderes públicos no están para decir lo que quieran, están para satisfacer el interés público) es buscar el asesoramiento de expertos en equipos multidisciplinares. Este asesoramiento de expertos no implica que la decisión vaya a ser la acertada, también los expertos se equivocan, pero al menos esos expertos ofrecen a los poderes públicos, a la hora de decidir sobre la financiación, unos criterios objetivos con una evidencia en la ciencia, en la economía, en la ética, en la sociología, en el derecho que permiten al menos demostrar que la decisión se ha tomado de una manera racional. Lo importante aquí no es que uno acierte o no acierte, es que al menos sea racional en la toma de decisión.
Por tanto, si los poderes públicos rechazan financiar un medicamento y lo hacen sobre la base de unos criterios objetivos basados en una evidencia multidisciplinar, podemos considerar que esa decisión, sea acertada o no, al menos es racional y, por tanto, jurídicamente es aceptable, pero el decidir sobre la base de falsos criterios o, por ejemplo, el argumento habitual de «no hay dinero», no es una motivación suficiente y para eso los tribunales sí que tienen expresamente atribuida a través de la Constitución la función de valorar si realmente la decisión es arbitraria o no, es decir, si está suficientemente motivada.
¿Qué papel deberían jugar los órganos independientes, comités de bioética, agencias de evaluación, defensor del pueblo y garantes para reforzar la legitimidad de estas decisiones y evitar desigualdades?
FM: Su función es relevante y como señalaba antes, para que la decisión no sea considerada arbitraria, debe responder a una racionalidad que normalmente se basa en un asesoramiento suficiente y en ese asesoramiento tienen que intervenir agencias ya establecidas y expertos independientes. Dependiendo del tipo de medicamento o de la prestación más o menos compleja, habrá que valorar si se establece una comisión ad hoc. Yo recuerdo que, cuando ocupaba un cargo en el Comité de Bioética de España, el propio Ministerio de Sanidad nos consultó sobre temas de financiación de medicamentos. En concreto, recuerdo que entre 2016-2017, antes de la pandemia, nos consultó sobre la inclusión o no en la cartera de servicios del medicamento de la profilaxis preexposición (PrEP), y lo que dio el Comité de Bioética fue un criterio basado en principios éticos. Luego el Ministerio tenía que consultar a otros expertos y valorando todas las consultas que había hecho, tomar una decisión. Si así lo hace, la decisión está motivada. Si no se hace así, como en ocasiones ocurre, la decisión es arbitraria y, por tanto, es ilegal. La participación de todas las instituciones y organismos que existen, es muy importante porque determina que podamos, al menos, presumir de que la decisión es racional.
Estas terapias son muy costosas y compiten con otras necesidades sanitarias. ¿Cómo se articula una justicia distributiva que sea compatible con la sostenibilidad sin convertirla en una barrera injusta para las minorías, como es el caso de las enfermedades raras?
FM: Pues como hemos comentado antes también, y yo creo que es bueno insistir en esa idea, en nuestro sistema jurídico existen principios, no solo de igualdad y equidad y, como antes señalaba, el utilitarismo es una buena doctrina, pero no suficiente. Si va a ser el mayor beneficio para el mayor número de personas, las minorías quedan fuera y nosotros tenemos implementados otros principios y otros valores que corrigen esa idea utilitarista o corrigen el principio de igualdad y que tienen en cuenta lo que son los grupos minoritarios o lo que pueden ser las enfermedades raras.
La decisión de exclusión, porque se trata de un grupo mínimo con un sobrecoste, es una decisión manifiestamente injusta desde una perspectiva ética, pero también es una decisión manifiestamente ilegal porque sería arbitraria, eso no responde a la racionalidad. Todos sabemos que se trata de grupos minoritarios, todos sabemos que se trata de medicamentos costosos, pero eso no determina por sí mismo que tengan que ser excluidos. Lo que habrá que establecer es un acceso en función de prioridades, evaluar, por ejemplo, riesgo-beneficio. Cuando hablamos de grupos vulnerables, especialmente los menores de edad, los niños y adolescentes, eso determinaría un criterio prioritario. También, personas en determinada situación de vulnerabilidad, en las que la enfermedad tiene un impacto que les impide desarrollar mínimamente lo que es una vida ordinaria, que afecta especialmente a la autonomía hay que tenerlo en cuenta. Porque si no, el criterio de «son pocos y cuesta mucho» es un criterio arbitrario, no es racional y, por tanto, no es motivado.
¿Qué papel deberían tener pacientes, familias, sociedades científicas y ciudadanía en la deliberación sobre terapias avanzadas? ¿Cómo evitar que la participación se convierta en captura por intereses y se mantenga como un proceso deliberativo real?
FM: En España tenemos la suerte de que hemos avanzado hacia una representación de los pacientes sólida y seria, que además no los representa en áreas muy fragmentadas, sino con una visión de globalidad. Tenemos dos grandes asociaciones de pacientes muy activas y participativas, que pueden ofrecer una visión general del paciente, no la visión concreta de una persona que defiende su interés, que es legítimo.
Lo que hay que tener en cuenta son las necesidades de todos los pacientes, no solo de unos pocos. Pero vuelvo a insistir: sin olvidar que, aunque unos pocos pacientes representen un grupo minoritario, no por ello deben quedar excluidos. No se trata solo de proteger las enfermedades más prevalentes, que merecen una especial atención, sino de ofrecer protección a todos. De lo contrario, no se cumpliría el derecho a la protección de la salud que proclama la Constitución: sería el derecho a la protección de la salud de aquellas enfermedades prevalentes o mayoritarias, y eso no lo dice la Constitución.
La Constitución habla del derecho a la protección de la salud de todos, incluidos los grupos minoritarios. Y no solo defiende la igualdad, el riesgo-beneficio o la eficiencia, sino que también valora mucho la equidad y, sobre todo, la protección de los grupos minoritarios. La propia Constitución habla de que todos deben ser protegidos, con independencia de que sean un grupo mayoritario o minoritario. Por lo tanto, una enfermedad rara no puede significar exclusión; todo lo contrario: debe implicar atención especial y una evaluación como cualquier otra enfermedad.
En un entorno de innovación acelerada, ¿cuáles son, a su juicio, las claves para mantener la confianza pública en reguladores clínicos y sistema sin frenar el progreso? ¿Dónde pondría el equilibrio entre rapidez y garantías?
FM: Aquí nos encontramos con un problema: una presunta tendencia que, además, para algunos constituye una narrativa, un relato muy atractivo, que es el de la desregulación. Desregular es bueno porque la regulación supone burocracia, supone obstáculos a la innovación, y yo creo que la única manera de innovar respetando la ética, nuestros principios y valores, es innovar regulando. Otra cosa es que la regulación sea mala.
No voy a citarlo, pero a un conocido político que ha tenido un alto cargo en la Unión Europea lo entrevistaban hace pocos días y decía que regular no es malo, pero regular mal es malísimo. Entonces, yo creo que la regulación es importante y en Europa tenemos, además, una experiencia, por ejemplo, en el ámbito de los ensayos clínicos, que nos ha permitido salir un poco del camino habitual, incorporando vías excepcionales para implementar rápidamente las innovaciones en el ámbito de la salud sin detrimento de los derechos y la precaución.
Aquí el problema es cuando establecemos una regulación basada en un único paradigma de absoluta precaución o de absoluta seguridad. Aquí hay que combinar necesidad, posible beneficio y seguridad. Por eso, en nuestra regulación sobre ensayos clínicos hemos incorporado cuestiones como el uso off-label (fuera de indicación), también el uso compasivo; es decir, hay mecanismos para poder combinar la necesidad, en determinada situación, contexto o enfermedad, de ir por una vía con menos requisitos, siempre con un control suficiente, y luego ir por una vía con requisitos más relevantes. Es decir, hay mecanismos para atender las diferentes situaciones en nuestra regulación y, en ocasiones, se puede ir por una vía rápida cuando la salud del paciente lo exige.
Por lo tanto, nuestra regulación es buena: tiene mecanismos que atienden diferentes situaciones y, sobre todo, es buena en el sentido de que genera confianza. Aquí el problema con la innovación es que la innovación, si falla, va a generar una gran desconfianza. Y hay que recordar que estamos viviendo un tiempo algo paradójico, en el que concurren un extraordinario progreso científico gracias al avance de la biología y la biotecnología, pero también existe un gran movimiento anticientifista que está haciendo del discurso anticientifista un discurso que, además, tiene una base político-ideológica; ese es el problema.
Por lo tanto, cualquier error en seguridad con un medicamento por haber querido ir demasiado rápido puede tener un impacto enorme en la falta de confianza de la ciudadanía. Por eso, yo creo que hay que mantener un paradigma de seguridad, de precaución, pero sin olvidar que, en determinados supuestos, podemos ir por una vía excepcional que puede aligerar algo los requisitos, teniendo en cuenta, por ejemplo, que es la única alternativa terapéutica. Y eso en nuestro ordenamiento existe.
Además, esto es interesante: no solo existe a nivel europeo en el ámbito clásico de los ensayos clínicos con medicamentos, sino que existe ahora también en el ámbito de los dispositivos sanitarios, que es otro ámbito muy importante en muchas de nuestras enfermedades. Ya no solo podemos pensar en clave de medicamentos, sino también de tecnología. Y existe también otro ámbito muy importante para las enfermedades raras, como es la inteligencia artificial. Se permiten, digamos, fases más experimentales, con menos requisitos, cuando se considere que estamos ante un camino que puede suponer una ventaja, un beneficio para determinados grupos de personas.
Por tanto, se combina perfectamente un sistema riguroso, con una regulación estricta para proteger la salud y la integridad de los individuos, con caminos también algo más flexibles para permitir cierta rapidez cuando la necesidad del caso concreto lo requiere.
Por su experiencia en bioética internacional, ¿qué tendencias regulatorias o recomendaciones cree que España debería anticipar para los próximos años, por ejemplo, terapias génicas de nueva generación, edición genética, nuevas formas de evaluación para poder reforzar derechos y equidad?
FM: La terapia génica y todo lo que ha supuesto el avance en biotecnología ofrecen muchísimas posibilidades: el CAR-T y, en su momento, CRISPR-Cas9 y sus diferentes variantes, han ido abriendo posibilidades enormes. Porque podemos llegar al genoma y podemos sustituir, reemplazar o eliminar esa alteración que provoca la enfermedad. Por lo tanto, se nos abre una vía con un potencial enorme.
Todavía hay incógnitas, hay problemas de seguridad, pero vemos que poco a poco vamos avanzando y, además, se avanza con paso firme. Por eso, yo creo que lo importante en este ámbito es que la propia ciencia, los propios científicos, que es la que está produciendo esos avances, sea consciente del riesgo de generar expectativas excesivas o de ir demasiado rápido, olvidando el problema de la seguridad.
Respecto de la confianza de la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía confía en nuestro avance, sobre todo en el ámbito europeo, porque este está basado en una regulación sólida que permite, como señalaba antes, combinar caminos estrictos, con una regulación estricta, con caminos más flexibles en función de las necesidades. Y yo creo que esa es una buena opción, frente a otros modelos en los que la regulación prácticamente no existe o se deja a la libertad del mercado, porque ya sabemos cómo acaban normalmente.
Hay que transmitir a la ciudadanía que una de las grandes virtudes que tenemos los ciudadanos de España es que estamos bajo el paraguas de la Unión Europea, y que la apuesta por la Unión Europea es una apuesta por innovación con seguridad, e innovación con derechos, con derechos humanos. Yo creo que eso es muy importante. Y ahora, como decía antes, hay muchas posibilidades y hay que ir probándolas por esos caminos.
Innovar con seguridad y derechos: el modelo europeo combina rigor regulatorio con vías excepcionales para enfermedades raras.
Una ley integral para ordenar el recorrido del paciente
Jesús Ignacio Meco Rodríguez-Manzanequez
Director de la Asociación Poco Frecuentes
Para quienes no le conozcan, ¿quién es Jesús Ignacio Meco y qué le motivó a fundar el Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes (INDEPF) y convertirse en portavoz del movimiento asociativo en enfermedades raras?
JM: Mi implicación en el movimiento de las enfermedades poco frecuentes nace, ante todo, como padre. Todo comenzó con la Asociación Castellano Manchega de Errores Innatos del Metabolismo (ACMEIM), desde donde empezamos a luchar por algo tan básico como poder acceder a un diagnóstico lo antes posible, especialmente en el caso de las enfermedades metabólicas. Hoy en día sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes.
Pese a los avances y a los movimientos que se están impulsando, convertirme en portavoz de este movimiento no fue algo planificado: surgió de la necesidad de un padre de hacer todo lo posible por sacar a su hija adelante y de no resignarme ante las dificultades que viven muchas familias cuando se enfrentan a una enfermedad poco frecuente.
Con el tiempo, ese compromiso fue creciendo, se fueron creando nuevas iniciativas como el Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes (INDEPF) y finalmente dio paso a la Asociación Poco Frecuentes. Lo que empezó siendo una lucha personal y familiar terminó convirtiéndose también en mi camino profesional, siempre con el objetivo de mejorar la vida de las personas que conviven con estas enfermedades y, sobre todo, de sus familias.
Desde la perspectiva de las familias, ¿qué es lo más difícil del camino cuando aparece la opción de una terapia avanzada: la información, los tiempos, la derivación, o el acceso real?
JM: Desde la perspectiva de la familia, lo más difícil no suele ser una sola cosa. Normalmente es la suma de información incompleta, tiempos largos, derivaciones complejas y, sobre todo, el acceso real a las terapias. Muchas familias saben que existe una terapia avanzada, pero entre evaluaciones clínicas, autorizaciones y decisiones administrativas el proceso puede alargarse demasiado; para quienes conviven con una enfermedad rara, cada mes de espera pesa mucho.
Un ejemplo muy reciente lo hemos vivido con la llamada «piel de mariposa» en Andalucía. Se ha anunciado que la administración asumiría el coste de un tratamiento innovador para pacientes con epidermólisis bullosa, una terapia como Vyjuvek®, que puede mejorar la cicatrización de las heridas y la calidad de vida de los afectados. El problema es que hablamos de tratamientos de costes muy elevados, alrededor de más de 100.000 € al mes por paciente, y cuyo acceso depende de decisiones administrativas y de financiación pública.
Este tipo de noticias nos dan esperanza, pero también reflejan un gran reto: no basta con que la terapia exista, sino que llegue a tiempo y en igualdad de condiciones a todos los pacientes que la necesitan. Ahí es donde está la verdadera dificultad.
En enfermedades raras, el diagnóstico puede llegar tarde. ¿Qué implicaciones éticas tiene que el acceso a terapias avanzadas dependa de un diagnóstico genético precoz que no siempre está garantizado?
JM: El problema ético es muy claro. Hoy tenemos técnicas, herramientas, profesionales y conocimiento para diagnosticar muchas enfermedades mucho antes de lo que realmente se está haciendo. Sin embargo, el acceso al diagnóstico sigue siendo lento y desigual, y eso termina condicionando el acceso a terapias avanzadas.
Es comprensible que haya cierto retraso en la implantación generalizada de diagnósticos genéticos con grandes paneles, porque son tecnologías relativamente recientes y los sistemas sanitarios necesitan tiempo para integrarlas, pero hay ámbitos en los que ya no: el cribado neonatal, por ejemplo, lleva más de medio siglo aplicándose en España y, aun así, seguimos siendo uno de los países con más retraso en la ampliación y el uso sistemático de estas pruebas.
Desde mi punto de vista, cuando el acceso a un tratamiento depende de un diagnóstico precoz que el propio sistema no garantiza, se genera un problema ético muy serio. No se trata solo de medicina, sino también de responsabilidad pública. Creo que la justicia debería actuar incluso de oficio, obligando a las administraciones a utilizar todos los recursos diagnósticos disponibles y, si no lo hacen, a asumir las responsabilidades correspondientes.
Mientras esto no ocurra, seguiremos viendo situaciones en las que existen terapias y herramientas para diagnosticar a tiempo, pero los pacientes llegan tarde simplemente porque el sistema no ha funcionado como debería. Ese es probablemente uno de los grandes problemas que aún tenemos que resolver.
En la práctica, ¿qué apoyos deberían existir para que una familia pueda decidir con tranquilidad (segunda opinión, tiempo, acompañamiento, materiales claros) ante tratamientos complejos y con incertidumbre a largo plazo?
JM: En enfermedades raras, hablar de decidir con tranquilidad es muy complicado, porque las familias casi siempre toman decisiones en contextos de incertidumbre y presión. Por eso, más que tranquilidad, lo que debería existir son garantías reales dentro del sistema.
Uno de los apoyos fundamentales sería el acceso efectivo a una segunda opinión experta. Sin embargo, en la práctica esto no siempre ocurre. En comunidades como Castilla-La Mancha, por ejemplo, la segunda opinión muchas veces la decide la propia administración con criterios administrativos y no necesariamente en función de la experiencia clínica en una enfermedad concreta.
Algo parecido ocurre con las derivaciones a los CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) del Sistema Nacional de Salud: muchas comunidades ponen barreras para derivar pacientes, en parte por cuestiones administrativas o presupuestarias. Esto provoca que, en ocasiones, los pacientes no lleguen a unidades con mayor experiencia, lo que afecta directamente a la calidad de la atención y al acceso al mejor conocimiento disponible.
Por eso, desde Poco Frecuentes defendemos con claridad la necesidad de una ley integral de enfermedades raras: una ley que permita gestionar de forma coherente todo el recorrido del paciente, desde la atención clínica hasta el acceso a terapias y medicamentos, garantizando una verdadera equidad en todo el país.
Además, esa ley debería incorporar mecanismos de seguimiento y fiscalización sobre cómo funcionan realmente las unidades clínicas, de investigación, farmacéuticas o asistenciales que intervienen en este ámbito. Solo así podremos asegurar que el sistema trabaja realmente para los pacientes, y no que los pacientes tengan que adaptarse constantemente a las limitaciones del sistema.
Cuando la evidencia es limitada (pocos casos, seguimiento corto), ¿cómo cree que deberían tomarse decisiones justas sobre financiación y acceso: qué criterios sí y cuáles no?
JM: Cuando la evidencia es limitada, algo habitual en las enfermedades raras por el reducido número de pacientes, el sistema debería ser aún más solidario. En este ámbito, el principio a primar es la equidad: la falta de grandes números no puede convertirse en un criterio para negar o limitar el acceso al tratamiento.
Si aceptáramos ese criterio, también tendríamos que replantearnos cómo abordamos muchas otras patologías más prevalentes que hoy se tratan con diagnósticos cada vez más precisos y con terapias dirigidas o personalizadas. La medicina actual avanza precisamente hacia tratamientos más específicos para grupos cada vez más pequeños.
Además, cuando se habla de enfermedades raras se suele transmitir la idea de que afectan a muy pocas personas, pero si sumamos todas ellas estamos hablando de millones de ciudadanos. En España, el número de personas con una enfermedad rara es similar, por ejemplo, al de quienes practican atletismo de forma federada o estructurada en nuestro país: hablamos de más de 4.000.000 de personas.
Por eso, las decisiones sobre financiación y acceso deberían basarse en criterios como la gravedad de la enfermedad, la ausencia de alternativas terapéuticas y el impacto en la vida del paciente y no exclusivamente en el tamaño de la población afectada. En enfermedades raras, la justicia sanitaria pasa necesariamente por aplicar el principio de equidad.
¿Qué cambios concretos propondría para evitar el «peregrinaje» y mejorar la coordinación entre comunidades, centros de referencia, atención primaria y hospitales en el acceso a estas terapias?
JM: Necesitamos una ley integral de enfermedades raras que organice realmente la atención a estos pacientes en todo el sistema sanitario. Cuando hablamos de una ley de este tipo, no estamos planteando algo teórico, sino basándonos en modelos de éxito que ya existen en España.
El mejor ejemplo es el modelo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), reconocido internacionalmente por su coordinación, su capacidad de derivación y su gestión eficiente entre comunidades autónomas. Ese modelo es perfectamente extrapolable a las enfermedades raras.
No tiene sentido que dispongamos de herramientas, profesionales, centros de referencia y experiencia organizativa y, aun así, no pongamos en marcha un sistema similar para estos pacientes. Hoy todas las administraciones hablan con orgullo de los CSUR y del éxito del sistema de trasplantes en España. Sin embargo, cuando planteamos trasladar esa misma lógica de coordinación, derivación rápida y gestión nacional al ámbito de las enfermedades raras, muchas veces se mira para otro lado.
Si realmente queremos evitar el peregrinaje de las familias, necesitamos un sistema que coordine de forma efectiva la atención primaria, los hospitales, los centros de referencia y las comunidades autónomas, con circuitos claros de diagnóstico, derivación y acceso a terapias. España ya ha demostrado que sabe cómo hacerlo en otros ámbitos; lo que falta es voluntad para aplicarlo también a las enfermedades raras.
Si pudiera señalar una medida concreta que marcaría un antes y un después en la experiencia del paciente en este proceso, ¿cuál sería?
JM: No quiero ser repetitivo con la idea de una ley integral de enfermedades raras, pero la realidad es que ahí está una de las claves. Más que una norma en sí, lo que necesitamos es que los pacientes tengan la certeza de que sus necesidades se van a priorizar por encima de las inercias burocráticas del sistema.
La medida que realmente marcaría un antes y un después sería que cada caso se analizara pensando primero en la mejoría del paciente y no en los límites administrativos o presupuestarios de cada nivel del sistema sanitario.
Además, la atención en enfermedades raras no puede terminar en la puerta del hospital. Necesitamos un verdadero enfoque multidisciplinar que acompañe al paciente y a su familia también en el ámbito social, educativo y laboral. En España se habla mucho de un enfoque sociosanitario, pero en la práctica pocas veces se articula de forma real.
El cambio profundo llegaría cuando exista un marco que garantice esa atención integral sanitaria, social y coordinada: un sistema que no obligue a las familias a pelear en cada etapa del proceso, sino que las acompañe y proteja desde el diagnóstico hasta la vida cotidiana con la enfermedad.
Presidenta de la Alianza Española de Familias Von Hippel-Lindau (Alianza VHL)
Para empezar, ¿podría presentarse brevemente y contarnos qué les llevó a crear la Alianza VHL?
SM: Me llamo Susi Martínez y estoy afectada por la enfermedad de von Hippel-Lindau (VHL), además de ser una de las fundadoras y la presidenta de la Alianza.
A comienzos del año 2000, la mayoría de las personas afectadas y sus profesionales sanitarios no tenían suficiente información sobre la enfermedad y esto llevaba a que no siguieran el protocolo de seguimiento internacional recomendado por médicos expertos. Ante esta situación, tres familias que estábamos en contacto decidimos unirnos y crear la Alianza. Nuestro objetivo principal era trabajar para garantizar que tanto los profesionales como las personas afectadas por VHL contaran con la información y el conocimiento necesarios para realizar adecuadamente las pruebas y el seguimiento requerido.
Para quien no conozca la enfermedad, ¿qué es Von Hippel-Lindau y cómo impacta en la vida diaria de los pacientes y sus familias?
SM: La enfermedad de VHL es una enfermedad rara, cancerosa y familiar que afecta a 1 de cada 36.000 personas. Es altamente discapacitante, invalidante y no tiene cura.
Se debe a la mutación del gen oncosupresor VHL (3p25-26), la cual ocasiona que la persona vaya desarrollando tumores en diferentes órganos a lo largo de su vida (en retina, sistema nervioso central, páncreas, riñones, glándulas suprarrenales…), requiriendo múltiples intervenciones quirúrgicas, afrontando cirugía tras cirugía, y con ello, las consecuencias de estas intervenciones, con la aparición de discapacidades en edades tempranas de la vida (discapacidad visual, auditiva, discapacidades motoras por alteraciones de la coordinación del movimiento, o en diálisis tras sufrir nefrectomías radicales por cáncer renal bilateral).
En España, se estima que hay alrededor de 1.300 personas afectadas, de las cuales nuestra entidad tiene registradas 382 (apenas un 25 % de los casos).
Hay personas con VHL cuya enfermedad tiene un gran impacto en su día a día, llegando a generar situaciones de dependencia, y otras que pueden llevar una vida aparentemente normal durante largos periodos. Sin embargo, más allá del grado de afectación, hay elementos comunes que marcan profundamente la vida de todos: la incertidumbre y la adaptación constante. Eso genera un impacto emocional y psicológico en los afectados y sus familiares.
Hoy en día, ¿cómo se maneja o trata la VHL? ¿Qué es lo más habitual en la experiencia de los pacientes? ¿Ha habido alguna novedad en tratamientos en los últimos años?
SM: Lo fundamental y de vital importancia para los pacientes es la prevención, que se logra mediante la realización de pruebas médicas de forma anual. En la actualidad, la VHL continúa siendo una enfermedad quirúrgica; sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, las intervenciones son hoy menos invasivas y agresivas que en el pasado, lo que se traduce en una reducción de las secuelas posteriores.
El 12 de diciembre de 2024, la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) recomendó de manera condicional el uso de un nuevo medicamento llamado belzutifán. Este tratamiento está destinado únicamente a casos muy concretos: pacientes para quienes la cirugía ya no es una opción viable, ya sea por la localización del tumor o por haber sido sometidos a múltiples intervenciones previas. En estos casos, el fármaco actúa frenando el crecimiento tumoral. Los pacientes que conocemos y que actualmente están en tratamiento con este medicamento están experimentando resultados positivos, ya sea en forma de reducción del tamaño de los tumores o de estabilización de la enfermedad.
¿Qué ofrece la Alianza VHL a las familias (acompañamiento, información, recursos, contacto con profesionales) y qué es lo que más valoran quienes llegan por primera vez?
SM: Asesoramos y educamos a los pacientes sobre la enfermedad, les recomendamos médicos de referencia, que son fundamentales para que puedan mantener una buena calidad de vida.
Además, ofrecemos ayudas económicas anuales a los pacientes para apoyar su rehabilitación tras intervenciones quirúrgicas.
El año pasado organizamos un encuentro de jóvenes de entre 18 y 35 años con el objetivo de que pudieran conocerse, compartir experiencias y crear redes de apoyo con personas de su misma edad.
Actualmente, estamos organizando un encuentro de jóvenes a nivel europeo, que se celebrará del 28 al 31 de mayo en Madrid. Durante estos días, los participantes asistirán a ponencias médicas y participarán en diversas actividades, con la finalidad de fortalecer vínculos.
Lo que más valoran las personas afectadas o sus familiares en su primer contacto con nosotros varía en función de sus circunstancias. Algunas buscan únicamente información sobre la enfermedad; otras solicitan orientación sobre médicos de referencia; y, en otros casos, simplemente necesitan hablar con alguien que haya pasado por una situación similar.
¿Cuál es, para usted, el mayor reto del «camino del paciente» con VHL: diagnóstico, seguimiento continuado o acceso a determinados tratamientos y pruebas?
SM: Los retos pueden variar considerablemente según el paciente y su situación. En algunos casos, incluso algo aparentemente sencillo, como seguir correctamente el protocolo o someterse a pruebas básicas, puede convertirse en una lucha constante.
En otras ocasiones, el desafío radica en solicitar una segunda opinión médica con un especialista en la enfermedad. Esto suele ocurrir ante un crecimiento tumoral, cuando el paciente debe tomar decisiones importantes y los trámites necesarios no siempre son fáciles.
Por último, están los casos más extremos, en los que la cirugía no es una opción. Para estos pacientes, la obtención de belzutifán se convierte en una auténtica batalla, ya que en España aún está en proceso de financiación.
Cuando aparece una opción de tratamiento nueva o una decisión compleja, ¿qué necesita una familia para sentirse bien informada y acompañada (información clara, tiempo, segunda opinión, apoyo emocional)?
SM: Las familias, ante una decisión compleja necesitan sentirse acompañadas y comprendidas en todo momento. Necesitan tiempo para asimilar la situación y tomar la decisión sin presión. Obtener una segunda opinión médica les puede ayudar a decidir con más confianza y seguridad.
El apoyo emocional es fundamental, tanto por parte de los profesionales sanitarios como del entorno cercano. Este proceso suele generar miedo, incertidumbre y un importante desgaste emocional. Sentirse acompañadas y comprendidas puede marcar una gran diferencia en la forma en que estas familias afrontan la situación.
El 27 de enero de este año han celebrado un aniversario importante: 25 años. ¿Qué significa para la asociación llegar a este hito y qué logros les gustaría destacar?
SM: Estos 25 años han sido el resultado de un enorme esfuerzo colectivo, marcados por la dedicación, el compromiso y la constancia de todas las personas que colaboran activamente con la Alianza. Gracias a su implicación, hemos logrado impulsar y financiar diversos proyectos de investigación, lo que nos ha permitido avanzar en el conocimiento de nuestra enfermedad y abrir nuevas vías de esperanza.
En la actualidad, nos encontramos financiando un proyecto de terapia génica en el Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE), con una duración prevista de tres años, que representa un paso importante hacia posibles tratamientos.
Seguiremos trabajando con la misma determinación de siempre, al lado de los afectados y sus familias, manteniendo una lucha incansable con un objetivo claro: encontrar una cura para nuestra enfermedad.
Mirando al futuro, ¿qué le gustaría que cambiara en los próximos años para las personas con VHL en España (diagnóstico, seguimiento, acceso a especialistas, apoyo a familias)?
SM: De cara al futuro, aspiramos a que existan diagnósticos más precisos y tempranos, tanto en pacientes con antecedentes familiares como en aquellos casos de novo. Es fundamental que el profesional médico no descarte la posibilidad de una patología como un tumor en personas jóvenes, y que considere la realización de estudios genéticos que permitan confirmar o descartar la enfermedad con mayor rigor.
Asimismo, deseamos que todos los pacientes tengan acceso a un seguimiento adecuado y completo, con las pruebas necesarias en cada etapa, ya que esto repercute directamente en una mejor calidad de vida.
Por último, compartimos un objetivo común: avanzar en la investigación hasta lograr una cura para el VHL.
newsRARE · En primera persona · Susi Martínez Gómez · Vol 11 · Núm 1 · Mayo 2026
Jefa del Área de Genética y directora estratégica de Únicas SJD. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. Profesora Titular Universidad de Murcia. IMIB P. Parrilla. CIBERER-ISCIII.
¿Cuál diría que es hoy el principal reto bioético que plantean las terapias avanzadas en enfermedades raras?
EG: El principal reto bioético de las terapias avanzadas en enfermedades raras es, fundamentalmente, el problema de la equidad en el acceso. Es decir, quién puede recibir estos tratamientos y en qué condiciones. El debate ético se ha centrado siempre en el conflicto entre repartir los recursos de forma equitativa (justicia distributiva) o dedicar recursos elevados a un beneficio individual, por ejemplo, en patologías poco frecuentes.
En este contexto hay varios elementos de reflexión como el precio de la innovación, generalmente muy alto. Una terapia génica puede alcanzar cientos de miles de euros, incluso más de un millón por paciente. A ello se suma la potencial incertidumbre a largo plazo, ya que en ocasiones no disponemos de toda la evidencia científica sobre la durabilidad de su efecto. Además, en muchos casos se trata de pacientes pediátricos, lo que añade cuestiones éticas adicionales relacionadas con el consentimiento, que recae en tutores y familias. Asimismo, la desigualdad en el acceso no solo se da entre países, sino también entre regiones dentro de un mismo país. Por tanto, es un reto universal que podemos identificar en cualquier lugar, y tenemos que ir diseñando e implementando medidas para resolverlo.
En resumen, el gran reto ético en el ámbito de las terapias avanzadas en enfermedades raras es equilibrar la innovación con la justicia social y el acceso equitativo.
Cuando la evidencia es limitada y hay incertidumbre a largo plazo, ¿qué debería pesar más en la decisión clínica: potencial beneficio, riesgos, alternativas o valores del paciente?
EG: Cuando la evidencia es limitada, como ocurre en algunas terapias avanzadas, no hay un único factor que deba pesar siempre más. La buena práctica clínica y la bioética consisten en equilibrar varios elementos clave con cierta jerarquía para que se pueda aplicar a diversas situaciones.
El balance beneficio-riesgo está en el núcleo de la decisión. En enfermedades graves o letales, podemos aceptar un mayor grado de incertidumbre y riesgo, ya que no tratar se asocia a un pronóstico fatal. Por tanto, cuanto más grave es la enfermedad, mayor peso adquiere el beneficio potencial. También es clave la existencia o no de alternativas terapéuticas. Si no las hay, el peso se inclina hacia el uso de la nueva terapia. Además, deben considerarse los valores y preferencias del paciente o de la familia, especialmente en el caso de menores. Esta toma de decisiones debe ser compartida. La falta de evidencia puede compensarse con la posibilidad de compartir la decisión, un consentimiento informado reforzado, su administración en centros expertos y con un seguimiento estrecho del paciente.
En definitiva, si el beneficio potencial es alto, no hay alternativas y la enfermedad es grave, se prioriza tratar frente a la incertidumbre que pueda existir. En cambio, si el beneficio es modesto o existen alternativas, la prudencia suele prevalecer.
Si el beneficio potencial es alto, no hay alternativas y la enfermedad es grave, se prioriza tratar frente a la incertidumbre que pueda existir.
¿Cómo garantizar un consentimiento informado válido en terapias avanzadas y equilibrar el mejor interés del paciente con la decisión familiar en casos de capacidad limitada?
EG: El consentimiento informado es un aspecto clave, especialmente en situaciones de gran vulnerabilidad como sucede en el ámbito de las enfermedades raras; por la gravedad de la mayoría de las enfermedades a las que se dirigen estas terapias avanzadas y también por la desolación y el desconcierto que sufren las familias.
Debemos centrarnos siempre en el mejor interés del paciente. Es fundamental valorar de forma objetiva los beneficios y riesgos, asegurando que la decisión del tratamiento favorezca al menor o a la persona vulnerable objeto de este tratamiento. Siempre que sea posible, debe implicarse al paciente. En menores, en función de su edad y capacidad de comprensión, se debe explicar el proceso de forma adecuada. En adultos con capacidad, es imprescindible un lenguaje claro y adaptado. Y tenemos que hacer un esfuerzo para que el consentimiento sea inclusivo, accesible a los pacientes con déficit neurosensorial y/o limitaciones de capacidad intelectual.
Para las familias también es una garantía que puedan compartir esa situación y especialmente con menores, donde la responsabilidad legal y ética va a ser de los padres o tutores. Además, es esencial proporcionar tiempo para la reflexión y la resolución de dudas respecto al planteamiento de las terapias y a la necesidad de utilizarlas. Hay que dejar la posibilidad de un diálogo gradual, integrador, que pueda responder a todas las cuestiones que puedan surgir en el entorno del paciente y/o de la familia si esta es quien debe tomar la decisión.
En definitiva, el consentimiento debe ser un proceso gradual, comprensible y compartido, centrado en el mejor interés del paciente y con responsabilidad familiar cuando corresponda.
En investigación y ensayos con muestras pequeñas, ¿qué líneas rojas éticas no deberían cruzarse, aunque exista urgencia por tratar?
EG: Este es un tema clave pues existen varias líneas rojas que nunca deberían cruzarse. En primer lugar, un consentimiento informado insuficiente. Es imprescindible disponer del tiempo necesario para su comprensión y para resolver todas las dudas que aparecen asociadas al tratamiento o sus alternativas.
En segundo lugar, no se debe priorizar la generación de evidencia científica sobre el bienestar del paciente. Sacrificar el interés del paciente en favor del conocimiento no está justificado.
También es fundamental contar con revisiones éticas independientes. Los comités de ética deben evaluar adecuadamente los protocolos antes de iniciar tratamientos experimentales; y no deberían iniciarse sin esta revisión.
La selección de pacientes debe ser rigurosa, justificada y basada tanto en criterios de equidad como en el potencial beneficio clínico.
En enfermedades graves sin alternativas, el hecho de negar un tratamiento real, sin riesgo justificado, por placebo no sería ético. Hay que respetar siempre la confidencialidad y no someter a la familia y al paciente a falsas expectativas. Y si hay señales claras de daños o ineficiencia de la terapia en cualquier ensayo debe suspenderse inmediatamente.
En resumen, el proceso debe ser transparente, seguro, respetuoso con el interés del paciente y éticamente aceptable.
En acceso, ¿qué criterio le parece más justo cuando el tratamiento es muy costoso o escaso: gravedad, probabilidad de respuesta, edad, impacto social, o igualdad de oportunidad?
EG: No existe un criterio único universalmente justo. Se tiende a combinar varios de estos criterios para buscar un equilibrio.
Uno de ellos es la gravedad de la enfermedad: los pacientes con peor pronóstico, con mayor limitación de la supervivencia, deben ser priorizados. También es importante la probabilidad de respuesta al tratamiento, priorizando a quienes puedan obtener mayor beneficio. La edad puede ser un factor a considerar, en términos de maximizar el número de años de vida ganados, aunque siempre dentro de un marco ético para no discriminar solo en función de la edad. Y, por supuesto, debe garantizarse el acceso equitativo.
En resumen, combinar el análisis de la gravedad de la enfermedad y la probabilidad de beneficio, considerando la perspectiva del acceso equitativo.
Desde el Proyecto Únicas y la colaboración público-privada, ¿qué tres condiciones considera imprescindibles para garantizar transparencia, equidad y confianza de los pacientes?
EG: Generar confianza de los pacientes es fundamental. Para ello, es imprescindible garantizar la transparencia en todos los procesos y decisiones. Los protocolos deben basarse en criterios consensuados, contar con supervisión ética adecuada y evitar cualquier arbitrariedad. La comunicación debe ser clara y accesible, incluyendo criterios de selección, seguimiento y financiación.
Es importante publicar resultados precoces, tanto positivos como negativos; y evitar conflictos de interés mediante acuerdos y colaboraciones abiertas y transparentes.
También debe garantizarse la equidad en el acceso, mediante protocolos homogéneos, eliminando las barreras geográficas y económicas, y tener mecanismos de supervisión que permitan que todos los pacientes, que puedan tener los criterios de inclusión, se incorporen.
Por último, es clave implicar a pacientes y familias, empoderándolos y teniendo en cuenta su voz en todo el proceso.
En definitiva, para que el sistema sea ético, efectivo y genere confianza, debe ser un proceso abierto, transparente, centrado en el paciente y en la familia y con perspectiva de equidad y justicia social.
Presidente de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI)
Desde la ética médica, ¿qué rasgos hacen que las terapias avanzadas en enfermedades raras planteen dilemas diferentes o más intensos que otras innovaciones terapéuticas?
LMP: Lo que creo, fundamentalmente, es la intensidad en la atención. En esencia, los problemas éticos que plantean las terapias avanzadas no son muy distintos de los de otras terapias; se trata más bien de aspectos concretos que requieren una aplicación más específica de los principios generales de la ética médica. Los bienes en juego son los mismos: el respeto a la dignidad humana, el valor fundamental de la vida y la proporcionalidad de la terapia en relación con sus riesgos y beneficios a la hora de aplicarla.
Lo específico radica, sobre todo, en la condición de los pacientes y de sus familias, en la urgencia de aplicar algún remedio y en el grado de experimentación que pueden tener muchos de estos tratamientos. También influye el conocimiento que tenemos de la etiopatogenia de estas enfermedades.
La fragilidad y la debilidad que se genera en estos pacientes implican una mayor vulnerabilidad física, psíquica y social. Esto, evidentemente, requiere un plus de excelencia ética para adaptarnos a sus necesidades.
Asimismo, la dificultad en el diagnóstico, tanto por la propia naturaleza de la enfermedad como por la falta de formación de los profesionales, es un factor relevante. Muchas veces, en la formación médica nos centramos en las patologías más habituales, y cuando hablamos de enfermedades consideradas «raras», en ocasiones no se les da la suficiente importancia o se pasan por alto. Por ello, es necesario compensar esta carencia con una formación más específica, que permita evitar situaciones de injusticia en la atención.
En este sentido, uno de los ámbitos en los que hay que poner más énfasis es en la creación de estructuras, canales y protocolos de derivación para las personas que padecen estas enfermedades. Se trata de algo en lo que ya existe experiencia en medicina y que ha ido avanzando con la progresiva especialización y personalización de la atención, mediante la creación de unidades específicas para patologías concretas, ya sea por su frecuencia, por su baja prevalencia o por afectar a determinados grupos de edad que requieren una atención especializada.
Por último, en el ámbito de la investigación, es necesario reforzar la confidencialidad de los datos de estos pacientes. Aunque en conjunto puedan ser muchos, en cada enfermedad concreta el número de casos es reducido, lo que exige extremar las medidas de anonimización. Asimismo, es importante insistir en la formación de los profesionales para que sean conscientes de esta realidad y cuenten con las herramientas, habilidades y competencias necesarias para atender adecuadamente a estos pacientes cuando acuden a consulta.
Ante evidencia limitada y resultados a largo plazo inciertos, ¿qué criterios éticos deberían guiar la evaluación de beneficio-riesgo y la indicación clínica?
LMP: Como comentaba en la pregunta anterior, los criterios son esencialmente los mismos. Lo que ocurre es que, en estos casos, hay que ser especialmente rigurosos, delicados y precisos, realizando una evaluación continua de dichos criterios.
El primero y principal es el respeto incondicionado a la dignidad de la persona humana, unido al respeto y a la promoción de la vida. Esto debe estar siempre presente como horizonte y también en el discernimiento y en la valoración ética de qué es lo mejor en cada situación clínica concreta.
De ahí se deriva que el bien del paciente, junto con el respeto a su integridad física y moral, a su libertad y a las distintas opciones vitales que pueda tener, constituye un marco que orienta y, al mismo tiempo, limita las decisiones que se deben tomar. Esto es especialmente relevante a la hora de iniciar, continuar, detener o modificar los planes terapéuticos, algo que en este tipo de pacientes puede darse con mayor frecuencia y en contextos más inestables. Por ello, se requiere una atención aún más cuidadosa.
También es importante tener en cuenta ciertos límites que deben evitarse. En particular, hay que prevenir tanto el abandono terapéutico como la obstinación terapéutica. Esto exige reforzar la alianza terapéutica mediante una adecuada información, una deliberación conjunta y un manejo muy riguroso de la evidencia científica.
Además, es fundamental mantener una comunicación constante y fluida con el paciente y su familia, que permita delimitar en cada momento qué está realmente indicado, qué opciones cuentan con cierta evidencia o promesa de beneficio a corto plazo y cuáles, en cambio, carecen de garantías de eficacia. En este sentido, uno de los aspectos más importantes es precisamente la calidad de la información clínica que se ofrece al paciente y a su familia. Esto implica constancia, ausencia de interrupciones y un esfuerzo real por comunicar y trasladar adecuadamente la información, de modo que puedan participar de forma informada en la toma de decisiones.
Ante evidencia limitada, la evaluación ética debe basarse en la dignidad del paciente, su bienestar y el respeto a su autonomía.
¿Cómo garantizar un consentimiento informado auténtico cuando hay alta complejidad científica, presión emocional y expectativas muy elevadas? ¿Qué elementos mínimos no deberían faltar nunca?
LMP: Como se afirma en la pregunta, es más difícil, pero los profesionales deben afrontarlo desde sus competencias técnicas. En la práctica clínica existen muchas situaciones, muy variadas, que presentan una complejidad similar a la de estos casos. Ahora bien, hay unos criterios mínimos sobre los que siempre debe construirse el consentimiento informado.
En primer lugar, hay que recordar que el consentimiento no es un papel, sino, ante todo, un proceso de información. Debe incluir una explicación clara, veraz y comprensible de los pros y los contras, así como de en qué consiste la terapia que se va a aplicar. Esta fase informativa es esencial y exige, de manera irrenunciable, veracidad por parte de los profesionales. En estos casos, además, se requiere un diálogo más intenso de lo habitual. La alianza terapéutica debe existir siempre, pero aquí cobra una especial relevancia, también con las familias, especialmente cuando se trata de pacientes pediátricos. Esto supone una mayor implicación por parte de los profesionales, sin caer en una involucración emocional excesiva y manteniendo siempre el rol profesional. Sin embargo, sí se requiere un nivel superior de empatía, así como una mayor disponibilidad para atender, explicar y asegurarse de que nadie se quede con dudas.
También es fundamental manejar adecuadamente los tiempos, ofreciendo espacios suficientes para que los pacientes y sus familias puedan reflexionar, asimilar la información y volver a plantear preguntas tantas veces como sea necesario. De este modo, se va construyendo una confianza mutua que permite sostener el diálogo en el tiempo, sin perder nunca el realismo sobre los hechos.
El acompañamiento cercano es necesario para reducir el estrés emocional, tanto de los pacientes como de sus familias, que a menudo han pasado por procesos largos de incertidumbre diagnóstica, e incluso sin diagnóstico. Esta situación genera una gran ansiedad que debe abordarse desde el inicio de la relación clínica.
Ahora bien, es fundamental no generar expectativas irreales ni ir más allá de lo que permite la evidencia científica. Lo que sí se puede y se debe ofrecer es compromiso, cercanía e implicación proactiva: que el paciente y su familia perciban que se trabaja conjuntamente con ellos para lograr el mejor abordaje posible de la enfermedad.
Las terapias avanzadas generan atención mediática y casos muy visibles. ¿Cómo puede el clínico evitar que sus decisiones se vean influidas por la emoción o la notoriedad?
LMP: El profesional siempre debe evitar convertirse en protagonista. Otra cosa es que la transferencia del conocimiento, tanto en el ámbito de la investigación básica y aplicada como en la práctica clínica, sea importante y cada vez más valorada socialmente.
Sin embargo, más allá de que el trabajo suele ser siempre en equipo, el clínico debe tener presente que no puede dejarse llevar por la vanidad ni por el deseo de éxito, ya que esto puede distorsionar sus intenciones y afectar a la toma de decisiones. Por eso, es fundamental actuar con prudencia.
En este tipo de pacientes, la rectitud y la integridad profesional resultan aún más necesarias. En este sentido, puede recuperarse un término quizá hoy menos utilizado, pero muy pertinente: la discreción. Es decir, actuar con naturalidad, sencillez y decoro, sin poner un énfasis excesivo en los resultados obtenidos. Se trata de mantener una actitud humilde, siendo conscientes de que, aunque se logren avances, siempre quedan aspectos por mejorar. Esta actitud ayuda a evitar caer en una notoriedad que puede resultar perjudicial a la hora de determinar los siguientes pasos en la atención a los pacientes.
¿Qué tipos de conflictos de interés o sesgos son más frecuentes (industria, reputación, urgencia, compasión) y cómo pueden mitigarse en la práctica clínica?
LMP: Creo que no es conveniente poner etiquetas a nadie ni a nada. Lo importante es buscar lo positivo y fomentar la colaboración entre todos los actores implicados: entender a las empresas, a los gestores sanitarios, a los pacientes y también las motivaciones de los propios profesionales, tanto en la investigación como en la práctica clínica.
Ahora bien, es evidente que existen situaciones en las que pueden aparecer conflictos de interés o sesgos. Por ejemplo, el interés económico por parte de la industria o determinadas prioridades en la gestión sanitaria, que tienden a centrarse en patologías más prevalentes o que tienen un mayor impacto en la valoración global del sistema de salud.
Estos riesgos pueden mitigarse mediante buenas intenciones, pero sobre todo a través de criterios ético-morales sólidos y del cumplimiento de los códigos deontológicos existentes, que ayudan a moderar los intereses y las finalidades y a orientar la toma de decisiones.
Uno de los aspectos más complejos es, probablemente, la financiación. Nos encontramos ante enfermedades que afectan a menos personas, pero que no por ello dejan de ser importantes; de hecho, bastaría un solo paciente para justificar la atención. Por ello, es necesario promover una cultura que reconozca esta realidad y que impulse una labor pedagógica dirigida a quienes gestionan los recursos, para que comprendan la relevancia de estas patologías. En este sentido, sería conveniente contar, dentro de los sistemas de gestión y financiación, con profesionales específicamente sensibilizados o dedicados a estas enfermedades, aunque no necesariamente mediante estructuras completamente independientes.
Por otra parte, la evidencia científica, el avance del conocimiento y la compasión deben ser ejes fundamentales para justificar las decisiones, incluidos los costes, en beneficio tanto de las personas como de la sociedad. Asimismo, la investigación requiere programas específicos, y de hecho en los últimos años se han puesto en marcha diversas iniciativas en esta línea.
En definitiva, creo que se está produciendo un cambio progresivo: una mayor concienciación y visibilización de estas enfermedades, que durante mucho tiempo han recibido menos atención que otras más prevalentes, pero que hoy empiezan a ocupar el lugar que les corresponde.
En patologías minoritarias, la relación con las familias es especialmente estrecha y continua. ¿Qué recomendaciones éticas daría para comunicar límites, incertidumbre, alternativas y posibles efectos adversos sin generar falsas expectativas ni quitar esperanza?
LMP: En estas patologías la relación con las familias es muy estrecha, y eso no es algo negativo; al contrario, es casi necesario. Sin embargo, esa cercanía también implica un mayor contacto y, en ocasiones, la necesidad de abordar conversaciones difíciles.
Respecto a cómo comunicar sin generar falsas expectativas ni quitar la esperanza, el elemento central es la veracidad: una verdad que sea asumible por el paciente de forma progresiva. Se trata de decir la verdad sin eliminar la esperanza, aunque esta pueda ser distinta de la que inicialmente desean el paciente o la familia. Las personas tienen, en general, capacidad para afrontar la realidad, especialmente cuando ya se ha construido una alianza terapéutica sólida y han percibido una implicación honesta y rigurosa por parte de los profesionales. En ese contexto, resulta más fácil compartir tanto la situación clínica como los límites reales de la intervención. No se trata de promover una resignación abrupta, sino de favorecer una aceptación progresiva, fruto del acompañamiento, la comunicación continua y la confianza mutua. En este proceso, las expectativas pueden ir ajustándose, y es posible reorientar los deseos y las esperanzas hacia objetivos más realistas.
La capacidad humana para afrontar el sufrimiento es grande, pero suele necesitar un sentido. Este no siempre tiene que ser la curación completa: puede consistir en ganar tiempo, aliviar el dolor o mejorar la calidad de vida en cada momento.
Por eso, es fundamental evaluar continuamente qué es lo más adecuado en cada circunstancia, manteniendo un realismo sereno que permita a todos (pacientes, familias y profesionales) comprender y asumir la situación.
Una atención verdaderamente personalizada, que respete y exprese la dignidad de la persona enferma, hace que esta se sienta tratada como tal. Y eso supone, dentro de la dificultad de la enfermedad, un elemento importante de acompañamiento y de cierta satisfacción.
¿Qué responsabilidades éticas tienen los distintos actores (clínicos, gestores, industria, reguladores, asociaciones) para asegurar que la innovación sea clínica y éticamente responsable, sostenible y centrada en el paciente?
LMP: Son muchos los actores implicados en la atención sanitaria y cada uno tiene una responsabilidad concreta. En bioética, un enfoque que considero útil es pensar en términos de acción, en «verbos»: cuidar, curar, dispensar, gestionar… Cada uno de estos verbos expresa una responsabilidad específica, pero todas están interrelacionadas.
Cada actor debe ser consciente de su propia responsabilidad, empezando por la de prestar una adecuada atención a estos pacientes dentro del sistema sanitario. Esto implica todos los niveles: desde una consulta o un centro de salud hasta los ámbitos de gestión regional o autonómica. En todos ellos es necesario asumir un cambio de mentalidad.
Ya no es suficiente una atención sanitaria genérica; se impone cada vez más una atención personalizada. Las enfermedades minoritarias están poniendo especialmente de manifiesto esta necesidad y forman parte de un cambio más amplio en los modelos y paradigmas de la sanidad, contribuyendo además a una mayor visibilización de estas realidades. Se han logrado avances, pero ahora es necesario reforzar la atención centrada en la persona en todos los ámbitos. Esto exige transformaciones que van desde la propia organización y «arquitectura» del sistema sanitario hasta el desarrollo de habilidades relacionales en los profesionales, así como una revisión de los objetivos de las empresas vinculadas al ámbito de la salud.
En este sentido, también entran en juego cuestiones como la sostenibilidad y la rentabilidad, que son necesarias para mantener los sistemas. No obstante, el concepto de rentabilidad debe entenderse de forma más amplia, incorporando el valor añadido de una atención personalizada y centrada en la persona.
Por otra parte, las asociaciones de pacientes y familiares desempeñan un papel fundamental. Contribuyen a visibilizar estas enfermedades y ayudan tanto a profesionales como a investigadores a comprender que no se trata solo de «luchar contra enfermedades», sino de servir a personas concretas, con sus circunstancias y necesidades. Además, su participación creciente, por ejemplo, en congresos y espacios profesionales, permite incorporar su perspectiva, ofreciendo una visión complementaria que enriquece la práctica clínica y contribuye a mejorar la atención.
En definitiva, la responsabilidad ética compartida entre todos los actores consiste en avanzar hacia un modelo más personalizado, colaborativo y verdaderamente centrado en la persona, que haga compatible la innovación con la sostenibilidad y el respeto a la dignidad de cada paciente.